VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
En su comparecencia ante la diputación permanente de Les Corts para explicar las actuaciones de su departamento ante la pandemia del coronavirus, la consellera ha admitido ser "consciente" de todos los "estragos" que la declaración del estado de alarma ha causado a la justicia al decretarse la suspensión de todos los plazos.
Ha puesto como ejemplo para entender "lo que se nos viene encima" que en 2017 por el incendio en la Ciudad de la Justicia de València se paralizó la actividad judicial durante diez días y eso provocó la suspensión de 2.500 juicios.
"Por eso es tan necesario un plan de reactivación de la Justicia", ha dicho, que no se puede plantear basado únicamente en el incremento de recursos personales: "Estamos ante un momento crítico que nos obliga a levantar la mirada y dar una respuesta basada en la optimización y racionalización de los recursos existentes".
La Conselleria, ha indicado, ha elaborado una hoja de ruta para la reactivación judicial que se sustenta en dos pilares. El primero consiste en un conjunto de normas de prevención de riesgos laborales que se está ultimando junto al Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial y el segundo es el plan para garantizar que a principios de junio todas las sedes estén preparadas y cuenten con la protección necesaria para desarrollar su actividad.
"La situación de todas las jurisdicciones es preocupante, pero me preocupa aún más la situación en los juzgados de lo Social y Mercantil", ha subrayado la consellera, que ha asegurado que en cualquier caso la Generalitat no escatimará "esfuerzos ni trabajo para superar esta situación y que los operadores jurídicos puedan realizar su labor con seguridad y que los usuarios puedan acudir a los tribunales con tranquilidad".
También ha puesto en valor que el lunes 16 de marzo, el primer día laborable tras la declaración del estado de alarma, se empezaron a distribuir mascarillas, guantes y gel desinfectante en los juzgados, siendo "la primera comunidad autónoma en proteger al personal de la Administración de Justicia".
Desde entonces, ha continuado, ha destinado alrededor de medio millón de euros entre la adquisición de material de protección personal, acciones de desinfección, refuerzo de la limpieza ordinaria y la instalación de mamparas en las zonas de atención al público. "Este dinero ha sido bien invertido pues, hasta el momento, de las 5.818 personas que trabajan en las 64 sedes judiciales valencianas, sólo se han detectado 10 casos de contagio del virus", ha destacado.
También ha indicado que, más allá de los servicios mínimos del 20% decretados, se ha impulsado el teletrabajo, instalando los sistemas necesarios para "favorecer la labor no presencial de 930 funcionarios, es decir el 20% de las plantillas". Respecto a los jueces y magistrados, el 79% ya tenían ordenadores portátiles proporcionados por la Conselleria para poder trabajar desde sus domicilios, al igual que los fiscales "porque 7 de cada 10 cuentan con todo lo necesario para poder teletrabajar".
Asimismo, se ha potenciado el uso de nuevas tecnologías como la creación de una web específica para videoconferencias y la instalación de pantallas y sistemas para realizar encuentros digitales entre los juzgados y los centros de menores, hospitales, comisarías o colegios de abogados y evitar así desplazamientos, ha explicado.
"Hace ya dos semanas que venimos advirtiendo en las reuniones con el Ministerio de Justicia y el resto de comunidades la necesidad de iniciar una fase transitoria al desescalamiento aumentando la presencia de funcionarios en los juzgados, así como la necesidad imperiosa de retomar la agenda de señalamientos en algunas jurisdicciones como la Social y Civil, siempre haciendo compatible esta fase transitoria con las medidas de protección de la salud", ha agregado Bravo.
En cuanto a la Administración Pública, ha destacado que pusieron a disposición de todas las consellerias un total de 20.000 mascarillas y 40.000 guantes para los trabajadores presenciales y se establecieron protocolos de protección individual y colectiva y incrementándose los turnos de limpieza y desinfección de las sedes. Según el Invassat, ha explicado, la incidencia de la Covid-19 en la función pública valenciana "ha sido mínima: solo 120 casos, es decir, el 0,68%".
Ahora mismo se trabaja en el plan para la incorporación gradual y ordenada de todo el personal a medida que se vayan superando las fases de la desescalada. Ya está elaborada la Guía Técnica que servirá de base para la creación de los planes de contingencia y se está preparando la resolución que marcará las pautas para afrontar la recuperación de la normalidad.
La consellera también ha detallado todas las actuaciones realizadas en el ámbito de las emergencias, como el reparto de material, el plan de coordinación con ayuntamientos o el refuerzo del teléfono 112.
CRÍTICAS DE PP, CS Y VOX
José Císcar (Vox) ha reprochado a la consellera los "errores y carencias notorias" en Justicia, donde "no funciona el teletrabajo y no está instalado el expediente electrónico". Asimismo, ha criticado las "imágenes tercermundistas" de funcionarios protegiéndose con plásticos en lugar de mamparas.
El diputado de Cs Vicente Díaz ha lamentado la falta de personal en los registros civiles para afrontar el aumento de defunciones e incluso ha señalado a Bravo como "responsable directa" en la "ocultación de víctimas". También ha criticado que desde Protección Civil no se alertara sobre el partido entre el Atalanta y el Valencia CF y ha acusado a la consellera de "interponer intereses políticos a la salud de los valencianos".
José María Llanos (Vox) ha insistido en pedir que se declare el luto oficial en toda la Comunitat y ha cuestionado que esté "todo previsto" en el ámbito judicial porque a él le transmiten que no hay suficientes medidas de seguridad.
Desde el Botànic, Rosa Peris (PSPV) ha lamentado que haya quienes en esta crisis se centran en "buscar culpables a los que condenar en plaza pública con bulos como principal prueba de cargo" y ha destacado el "ingente" trabajo realizado para mantener servicios públicos y garantizar al mismo tiempo la seguridad.
La diputada de Compromís Nathalie Torres ha subrayado que los funcionarios "irán volviendo gradualmente a sus puestos siguiendo las recomendaciones" y ha pedido a la consellera que active las bolsas de trabajo "porque este tiempo extraordinario necesita acciones extraordinarias". "La pandemia no puede afectar a la justicia, hay que procurarle todos los medios para que la sociedad valenciana no se quede huérfana de justicia", ha agregado.
Estefania Blanes (Unides Podem), por su parte, ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar los protocolos para atender a las víctimas de violencia machista en estos momentos.
BRAVO RESPONDE
En su réplica, Bravo ha reiterado que se ha trabajado "y mucho" en la mejora del sistema informático y "la justicia no se ha parado". De hecho, ha precisado que está preparada la licitación del contrato para implementar el expediente digital con una inversión de más de 14 millones.
Asimismo, ha asegurado que se han reforzado los registros civiles y que "no se están ocultando datos".
