MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Durante el encuentro, que ha tenido lugar por videoconferencia, el ministro ha informado a los representantes de la Asociación de Fiscales (AF), de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que el objetivo general perseguido debe ser garantizar la salud de todos los funcionarios y profesionales que prestan sus servicios en juzgados y tribunales, así como de los ciudadanos que acuden cada día a ellos.
Por ello, se distribuirán las medidas de protección necesarias para evitar nuevos contagios, ha asegurado el ministro, según ha informado su departamento en una nota de prensa.
También ha indicado que el otro objetivo a conseguir es garantizar que la Justicia, como elemento fundamental para la dinamización y la recuperación económica tras el confinamiento, no se pare.
TRES INSTRUMENTOS
En este sentido, tras enumerar los tres instrumentos a través de los cuáles se articulará la transición a la normalidad en los órganos judiciales, Campo ha pedido a las asociaciones que les remitan sus propuestas normativas, organizativas y tecnológicas para estudiar su inclusión en la hoja de ruta para afrontar la salida de la crisis del Covid-19.
Unas medidas que están siendo consensuadas con los distintos colectivos profesionales y con la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia -que reúne al Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Consejo General de la Abogacía y las comunidades autónomas competentes en la materia--.
Así, el ministro ha explicado que, por un lado, se aprobará un decreto-ley para implantar las medidas más urgentes tras el estado de alarma. A ello se sumará una ley centrada en la transformación digital para mejorar la eficiencia de los procesos judiciales.
Además, el Consejo General del Poder Judicial prepara, con el consenso del Ministerio, un 'plan de choque' para evitar el colapso en las jurisdicciones social y contencioso-administrativo, y en los juzgados de lo mercantil, que deberá ser aprobado por el Gobierno en un plazo no superior a dos semanas desde que se levante el estado de alarma.
En la reunión también han estado presentes el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, Borja Vargues, y la directora general para el Servicio Público de la Justicia, Concepción López-Yuste. Por parte de las asociaciones, han sido Cristina Dexeus (AF), Teresa Peramato (UPF) y Salvador Viada (APIF) sus representantes en el encuentro virtual.
