MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Asimismo, solicitan al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se refuerce la asistencia de jueces, letrados y funcionarios, y que se consensuen protocolos para la presentación gradual de escritos, para la recepción de notificaciones y para la programación de señalamientos.
En un comunicado, el consejo aboga también por adoptar medidas que afecten a todos los órdenes jurisdiccionales y que sean específicas para los ámbitos laboral, penal, contencioso administrativo y civil. En concreto, instan a que se trabaje en los procesos de familia y menores, y en los procesos concursales para impulsar la recuperación económica una vez que el estado de alarma decaiga.
Asimismo, desde el CGPE entienden que se debe disponer "de manera inmediata" la asistencia de funcionarios en las sedes judiciales, y hacerlo de forma rotatoria con turnos de mañana y tarde. Además instan a que se cumpla "estrictamente" el horario y la jornada que se establezca para que se reactive la actividad judicial "de manera acorde con la situación" que se padece.
"Proponemos una serie de medidas que tienen por objeto anticiparnos a la situación que se avecina tras el cese del estado de alarma, con el objetivo de garantizar adecuadamente la prestación de los servicios esenciales respecto de las cuestiones declaradas urgentes e inaplazables e instaurar medidas de presente y de futuro inmediato que permitan que el capital humano al servicio de la Administración de Justicia pueda realizar su trabajo", explicitan en el comunicado.
Por ese, desde la Procura señalan que, siempre adoptando los protocolos sanitarios que se dispongan, se debe reanudar el trabajo tanto de manera presencial como por medio del teletrebajo para agilizar la tramitación previa a la declaración del cese del estado de alarma.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESTÁ "PARALIZADA"
En este sentido, abogan porque se dote a los funcionarios de los medios tecnológicos necesarios para que estén disponibles durante su jornada de trabajo, y puedan cumplirla mediante el sistema de teletrabajo. "Tanto la dotación de medios como la incorporación al trabajo de los funcionarios disponibles podrá hacerse progresivamente con el fin de incrementar el porcentaje de funcionamiento de la Administración de Justicia, paralizada prácticamente en su totalidad durante el estado de alarma, como mínimo en un 95 por ciento", añaden.
Al hilo, proponen que se lleven a cabo las reformas procesales necesarias y ofrecen su capital humano y sus medios materiales a la Administración de Justicia "para contribuir con ello a paliar la carga de trabajo en los Juzgados y Tribunales", y para la agilización de los procesos.
Para el CGPE se debe abordar la situación con amplitud de miras y no escatimar esfuerzos en medios humanos y materiales para afrontar el plan de choque necesario que debe llevar a actuar especialmente en el orden civil con el objetivo de apoyar la recuperación económica del país.
"De lo contrario, corremos el riesgo de producir el efecto contrario al pretendido provocando efectos negativos en la recuperación económica y desequilibrios para los justiciables dependiendo del proceso judicial en el que se encuentren inmersos", indican.
Desde el Consejo General de Procuradores de España informan de que han enviado este paquete de medidas al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y que el objetivo es "agilizar la Justicia española en los momentos que vivimos en relación a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19".
