MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Según explica la fiscal general, ya previamente a declararse el estado de alarma, el pasado 10 de marzo dicto un decreto en el que se establecían una serie de instrucciones para "asegurar la prestación del servicio público y la protección de la salud de los fiscales". Entre ellas, destacaba "evitar la concurrencia diaria de toda la plantilla en las diferentes sedes de la Fiscalía", así como poner en marcha medidas de teletrabajo para evitar, en la medida, de lo posible todos los desplazamientos.
Así, reitera ahora en este nuevo decreto que la presencia física de los fiscales "debe ceñirse a los supuestos estrictamente imprescindibles para el cumplimiento de los servicios esenciales". Para ello, recuerda que debe "priorizarse y maximizarse" el uso de cualquier sistema de comunicación telemático para evitar tener que acudir a las sedes de la Fiscalía o, incluso, de los juzgados, tal y como se estableció en el decreto del pasado 19 de marzo.
Este último decreto llega un día después de que el Juzgado de los Social número 13 de Madrid acordase este jueves estimar parcialmente la medida cautelarísma solicitada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y diera 24 horas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que provean de forma inmediata a los fiscales y a los funcionarios de las Oficinas Fiscales de mascarillas, guantes, gel desinfectante y gafas --si se pudiera-- mientras dure la pandemia por Covid-19.
DEBATE SOBRE SI SE DEBE INTERRUMPIR LA ACTIVIDAD
Un asunto que ha generado un debate entre las asociaciones de fiscales, pues la APIF ha anunciado que si este viernes no llegan los equipos de protección "amparará expresamente" a cualquier fiscal que decida "interrumpir su actividad o dejar de acudir al puesto de trabajo o juzgado", acogiéndose a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Según han apuntado en un comunicado, es el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado el que debe "dar los medios de prevención" y "no depender de que el juzgado de turno, de instrucción o de enjuiciamiento, tenga la delicadeza" de facilitar dichos equipamientos.
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) no comparte esta postura, que ha tildado de "absurda". En su opinión, se debe seguir demandando medidas de prevención y de protección personal, pero rechaza promover el "abandono" entre los fiscales que están de guardia y prestando servicios esenciales porque, además de que --según dicen-- puede ser "incluso delictivo", no se pueden olvidar que son "servidores públicos".
