En el dispositivo aportado por el Ministerio de Justicia a la autoridad sanitaria también se cuentan 87 facultativos, 43 técnicos especialistas y 52 ayudantes de laboratorio pertenecientes al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
En esa carta, el ministro recuerda que la pandemia ha dado lugar a “una situación sin precedentes en nuestro país que ha motivado la declaración del estado de alarma” y subraya la “profesionalidad, formación y solvencia técnica, particularmente en situaciones críticas” que tienen estos funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia.
Las tareas que llevarán a cabo todos estos profesionales se centrarán en trabajos sanitarios de apoyo en función de las necesidades concretas del Servicio Nacional de Salud. Entre las labores que se les podrá encomendar se encuentra el seguimiento epidemiológico, la colaboración en encuestas epidemiológicas, la recogida de muestras en casos sospechosos de Covid-19, la atención telefónica, así como la certificación de las defunciones que se puedan producir fuera de los centros sanitarios y la emisión de dictámenes de registro civil, según la carta del ministro.
La decisión de poner a toda esta plantilla a disposición de las autoridades sanitarias se adoptó el pasado viernes de forma coordinada entre el ministerio y las 12 comunidades con competencias de Justicia en consultas con el Consejo General del Poder Judicial. La aportación concreta de personal dependiente del ministerio y de las consejerías de Justicia con competencias transferidas, así como el personal que debe permanecer en su puesto de trabajo para garantizar los servicios esenciales de la administración de Justicia, se recoge en una resolución firmada ayer mismo por el ministro en virtud de la encomienda del Ministerio de Sanidad para la coordinación de los funcionarios al servicio de la administración de Justicia de todo el Estado.
