JAÉN, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El principal encausado, M.A.P.H., el que fuera concursante de Gran Hermano 8 y que fue detenido en Rus (Jaén) en junio de 2016, ha indicado al tribunal que ha perdido la confianza en su letrado después de conocer que éste se había reunido con el Ministerio Fiscal para intentar llegar a un acuerdo de conformidad que implica reconocer su culpabilidad a cambio de una rebaja en las penas.
"Yo me considero inocente, no confío en él y me siento indefenso", ha dicho M.A.P.H. cuando la presidenta del tribunal le ha pedido que explique las razones de renunciar a su abogado. Igualmente, los otros tres acusados han aludido a la pérdida de confianza como motivo para renunciar a su defensa.
Tras deliberar el tribunal, finalmente se ha acordado la suspensión del juicio, que ha quedado fijado para octubre. No obstante, los cuatro acusados que han renunciado a su defensa han tenido que firmar un requerimiento comprometiéndose a tener nuevo abogado defensor en el plazo máximo de tres días.
LOS HECHOS A JUZGAR
La supuesta trama fue descubierta en 2016 a través de una operación desarrollada por la Guardia Civil y que fue bautizada como Krake. Hubo decenas de detenciones y casi cuatro años después los acusados se sentarán en el banquillo para responder de los delitos de estafa y falsedad.
La investigación desarrollada por la Guardia Civil señalaba que M.A.P.H., de 42 años, tenía relaciones con comerciales que trabajaban en varios municipios por todo el país dedicados a captar clientes de telefonía y los que se ofrecía la posibilidad de reducir su factura de móvil y obtener terminales a buenos precios.
Para tramitar el contrato, los vendedores tenían que conseguir sus datos personales, facturas y números de cuenta. Una vez dado este paso, otros miembros de la red, trabajadores de compañías que operan en el mercado, simulaban que eran clientes que querían darse de baja. Es lo que se conoce como 'falsa portabilidad'. Entonces, para evitar su marcha, las operadores les ofrecían descuentos y teléfonos.
Sin embargo, esos terminales nunca llegaban a los clientes sino que, según la Guardia Civil, iban a parar a la tienda del principal acusado en Rus y que supuestamente ponía a la venta a través de dos páginas webs y de anuncios.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, consultado por Europa Press, este modo de actuar supuso un perjuicio económico de más de 69.000 euros a dos compañías de telefonía móvil que operan en España, aunque una de ellas ha desistido de la causa por lo que sólo hay una compañía a la que se le atribuye un daño de 38.000 euros.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama una condena de nueve años de prisión y multa de 27.000 euros para M.A.P.H. como presunto autor de un delito continuado de estafa y otro de falsedad. Para 16 de los acusados solicita pena de tres años de prisión y multa de 3.600 euros por la supuesta estafa, mientras que para los cinco restantes pide un año de cárcel como presuntos cómplices de un delito de falsedad.
Para este juicio están llamados a declarar 36 testigos, todos ellos víctimas cuyas identidades fueron supuestamente utilizadas por los acusados para hacer gestiones en su nombre con el fin de recibir móviles que luego revendían.
