VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
Junto al letrado, otros dos empresarios cumplirán un año de prisión por esta misma causa. A ellos se les atribuyen un delito continuado de falsedad de documento mercantil y oficial y un delito de estafa.
Inicialmente, el ministerio fiscal pedía para el letrado un total de seis años de cárcel, mientras que reclamaba penas de tres y cinco años de prisión para los empresarios, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo en el juicio que iba a celebrarse este lunes en la Audiencia de Valencia por el que se ha rebajado la pena al aceptar los acusados los hechos imputados.
El abogado condenado, con despacho en Valencia, era conocedor por su profesión de la legislación laboral y de la Seguridad Social y del mecanismo de altas y bajas para el cobro de prestaciones y subsidios de desempleos por los trabajadores.
Según el relato del fiscal, el letrado ideó un plan para enriquecerse. Consistía en captar a personas extranjeras que precisaban de determinados días de cotización, bien para la renovación de su permiso de residencia en España, bien para la obtención indebida de prestaciones económicas del sistema de ayudas y subsidios por parte de la Seguridad Social, porque no hubieran trabajado nunca y no tuvieran derecho a ello o porque, habiendo trabajado antes, no reunieran el número de días precisos para ser beneficiarios de las prestaciones. Y todo ello sin cotizar ninguno de los supuestos trabajadores a la Seguridad Social.
Así, el abogado, de común acuerdo con dos empresarios, se dedicó a captar a ciudadanos extranjeros en esta situación y, a cambio de un precio, les daba de alta y posteriormente de baja en empresas ficticias.
Ninguno de los casos de los trabajadores que el letrado daba de alta simuladamente había realizado trabajo alguno. El abogado consiguió dar de alta a los empleados extranjeros para que cobraran las prestaciones por desempleo y subsidio.
La Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, y el Servicio de Empleo Público Estatal, ignorantes de que la relación era ficticia y no real, abonaron las prestaciones que solicitaron a los supuestos trabajadores.
El abogado, para solicitar estas prestaciones, elaboraba documentación simulada y ficticia. Pasado el tiempo dados de alta, en ocasiones unos pocos días u horas, el abogado les hacía un certificado de empresa en el que también se hacían contar los datos del empleado y los días que simulaban haber trabajado, en un trabajo inventado.
Este certificado lo hacía a nombre del titular de una empresa de los otros dos condenados, firmado por éstos con el sello de la mercantil. En muchas ocasiones se acompañaba el mismo de un contrato de trabajo ficticio o de nóminas creadas en las que se aparentaba relación laboral.
De este modo, las cinco empresas de la trama llegaron a defraudar mediante el cobro de prestaciones indebidas más de 225.000 euros con 300 trabajadores ficticios.
