MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El tribunal reitera que en este proceso no se han criminalizado ideas ni vulnerado la libertad de reunión o expresión. Asimismo, destaca que las penas impuestas son proporcionadas a las graves comisiones delictivas de los condenados que, como autoridades autonómicas y líderes asociativos, buscaban implementar una normativa antidemocrática e inconstitucional, un bloque jurídico aprobado con desprecio de la mitad de las fuerzas políticas del Parlamento catalán y con la última finalidad de transitar hacia la independencia.
Tras este trámite, los acusados podrán acudir al Tribunal Constitucional para tratar de anular la sentencia alegando vulneración de derechos fundamentales, paso previo para poder llevar la causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tal y como han asegurado en numerosas ocasiones las defensas que harán.