MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección 17 ha previsto tres días --es decir hasta el 25 de junio-- para analizar los hechos ocurridos en agosto de 2014, por los que la Fiscalía pide siete años de prisión por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad documental y cohecho pasivo.
El juicio quedó aplazado durante un año el 20 de mayo de 2019 porque la abogada Ana Blanco Vázquez de Prada renunció a seguir ejerciendo la defensa del 'pequeño Nicolás' tras exponer ante el tribunal que había sido presionada por llevar este caso.
DOS POLICÍAS EN EL BANQUILLO
Un año después Francisco Nicolás Gómez Iglesias y dos policías --que se enfrentan a cinco años y medio de prisión-- volverán a sentarse en el banquillo de los acusados por organizar una reunión a un empresario al que presuntamente le hicieron creer que el 'pequeño Nicolás' actuaba en calidad funcionario público como un enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real.
Según explica el escrito de acusación de la Fiscalía, después de varios contactos, el 13 de agosto de 2014 Gómez Iglesias y el empresario mantuvieron un almuerzo en un restaurante de Ribadeo al que, según el acusado, "asistiría una persona muy importante de la Casa Real".
Para llevar a cabo su plan, el 'pequeño Nicolás' había contactado previamente con Jorge González Hormigos, un policía nacional destinado en el Grupo de Escoltas y Protección, "a quien le pidió, a cambio de una gratificación por sus servicios, que le proporcionara los medios policiales necesarios para hacerse pasar por un cargo público y aparentar carácter oficial al almuerzo".
Este será uno de los juicios que Francisco Nicolás tendrá que afrontar previsiblemente este año y por los que se enfrenta a un total de 27 años de cárcel por delitos de estafa, falsedad, usurpación de funciones públicas, revelación de secretos o integración en grupo criminal, entre otros delitos.
La Audiencia Provincial de Madrid ya confirmó en julio de 2018 su absolución de haber cometido un delito de injurias y calumnias al CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de pinchar su teléfono ilegalmente. En este caso, la defensa del 'pequeño Nicolás' alegó trastornos mentales para declarar su inimputabilidad.
