OPOSICIONES A LA JUDICATURA
Hace muchos años, en junio de 1997, se celebraba en San Juan de Puerto Rico la reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados, que entonces tenía el alto honor de presidir, y con esa ocasión tuvo lugar una conferencia de prensa en la que, a preguntas de los numerosos periodistas y con la intervención del entonces presidente del Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, causó sensación y se reflejó al día siguiente en toda la prensa la descripción que hicimos del sistema de acceso español a las carreras Judicial y Fiscal. Produjo asombro y admiración que en España los futuros jueces y fiscales hubieran de acreditar su preparación, demostrándola ante el público que libremente puede acceder a presenciar los exámenes y ante un tribunal de jueces y fiscales veteranos y otros juristas, y que a ello pudieran aspirar de manera libre licenciados y doctores en Derecho.
Es más, en el seno de la Unión Internacional de Magistrados, que en la actualidad integran las asociaciones de jueces más representativas de cerca de cien países de los cinco continentes, goza de un gran prestigio el sistema español de oposiciones por garantizar la objetividad, pluralismo, publicidad, y sobre todo, porque es el que hace prácticamente imposible la manipulación política del acceso a las funciones judiciales y fiscales.
Ahora otra vez vuelve a hablarse, y con ocasión del nuevo Gobierno, de “modernizar” el sistema de acceso a la Judicatura (lo que históricamente ha resultado ser intentar desnaturalizarlo) usando de los mismos argumentos ya fracasados por haber sido desmentidos por la realidad. Así, se critican las oposiciones porque son memorísticas, como si la memoria, o mejor, la memorización, no fueran imprescindibles para el conocimiento y el uso de la razón, incluso en la ciencia y hasta en las matemáticas, que imponen conocer de memoria los pasos que han de darse para despejar las incógnitas en las ecuaciones, como se ha dicho y repetido a lo largo del tiempo desde la cultura griega. También se dice que favorece el nepotismo, lo que estadísticamente está más que desmentido, incluso por datos oficiales y públicos. Y se llega a decir que dificulta el acceso de las personas menos pudientes a estas funciones, cuando la mayoría de las carreras judicial y fiscal están nutridas por hombres y mujeres de un estatus económico y social de procedencias modestas y además la mayoría son ya mujeres; pero es inútil, porque todos estos argumentos y otros igualmente carentes de fundamento alguno, no son más que envejecidos pretextos que tratan de ocultar la intención de seguir metiendo las manos políticas en la Justicia.
La realidad es que el sistema que hay en España funciona con normalidad, eficacia, transparencia y no presenta fracasos que exijan cambiarlo tan radicalmente. Como en tantas otras cosas, resulta penoso que se quiera modificar lo que da buenos resultados, cuando tantos problemas, que no es preciso describir, exigen atenderse, y además, y ya de entrada, el proyecto de modificación se topa con la abrumadora oposición que revelan las contundentes opiniones de tres de las cuatro asociaciones judiciales y dos de las tres asociaciones de fiscales.
Eso no quiere decir que el sistema de oposiciones y la Escuela Judicial, así como las tutorías de los jueces en prácticas, no puedan y deban mejorarse, pero sin sustituir el sistema fundamental de la oposición y menos para cambiarlo introduciendo métodos de formación que, aparte de prestarse al adoctrinamiento, están siendo abandonados en otros países que los aplicaron.
Desde que se introdujo, el sistema de oposiciones ha funcionado en España con diferentes regímenes políticos y ni siquiera en la época de Franco fue alterado, lo que permitió que entraran en la Judicatura y en la Fiscalía ilustres juristas de plurales sensibilidades, y entre ellos los que después fundaron “justicia democrática”, y solo por esta evidencia histórica y esta realidad incuestionable, debería ser respetada por todos y sin debate la esencia del sistema de acceso a las carreras Judicial y Fiscal.
Por otra parte, y también se ha puesto de manifiesto en algunas recientes declaraciones, no resulta comprensible que si las oposiciones no son un buen sistema de acceso a funciones públicas, no se impulse la misma modificación en otros cuerpos y carreras de las Administraciones Públicas; y no se diga -que se dirá- que se trata del ejercicio de un poder, el Judicial, porque precisamente por eso es más exigible asegurar que no habrá ninguna contaminación de partidismo político.
Si de verdad lo que se quiere es la mejora de la Administración de Justicia, hay otras muchas reformas que hacer, facilitando el acceso de los mejores, retribuyéndolos como en otros países que se ponen de ejemplo, dotando de medios personales, materiales y técnicos a la Justicia, reformando la planta judicial, la demarcación, la organización de los Tribunales y adaptando las leyes procesales a una justicia moderna, independiente, imparcial, predecible y razonablemente rápida, hasta donde es posible si se respetan las garantías, pero sin tocar, en lo sustancial, un sistema de ingreso en la función que ha resistido a través de los años como el mejor y más descontaminado que existe.
Para estas reformas hay que empezar por poner en común la ciencia y la experiencia de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de todas las categorías y especialidades que trabajan en los tribunales, de los abogados y procuradores a través de sus colegios profesionales, las universidades, y cuantos participan en el mundo del Derecho, para obtener, primero una información y después un acuerdo técnico que sea previo y determinante al consenso de las fuerzas políticas; porque si no se hace así, y siendo una cuestión de Estado, se empeñan en hacer reformas partidistas, al final serán de una parte contra la otra, sin horizonte vital, sin éxito y lo que es aún peor, abriendo el sistema circulatorio del Poder Judicial a la bacteria del partidismo político de unos o de otros. Y es que, como dijera un ilustre jurista refiriéndose al Código Civil, para tocar los asuntos de la Justicia hay que acercarse con “mano temblorosa”.
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