MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Estas son las conclusiones que ha aportado el informe técnico emitido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), realizado a raíz de que en las pantallas de los ordenadores de algunos jueces y magistrados destinados en Cataluña apareciera un mensaje sobre la "vigencia y aplicabilidad" de una determinada instrucción de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat informando de la posibilidad de acceso a determinadas aplicaciones informáticas. Dichos instrumento serviría a los jueces llevar a cabo actividades de "control y seguimiento", incluidas las estaciones de trabajo e infraestructuras comunes.
Según la información facilitada al Consejo CGPJ por distintos jueces y magistrados, posteriormente confirmada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el mensaje incluía una mención final que indicaba que el uso del ordenador implica una "manifestación expresa" del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción e incluía una pestaña de "confirmación de lectura" que forzosamente había de ser pulsada para seguir utilizando el dispositivo.
Ante esta situación, y dado que los ficheros de datos de los juzgados y tribunales son, en buena medida, tratamientos de datos jurisdiccionales a menudo incluidos en las categorías especiales de la Ley Orgánica de Protección de Datos y del Reglamento Europeo de Protección de Datos, la Comisión Permanente del CGPJ encomendó al CENDOJ que investigara si había habido accesos indebidos a esos tratamientos y, en su caso, el alcance de los mismos y la forma en que se habían producido.
VISITA AL CTTI CON COMPROBACIONES 'IN SITU'
Para sus pesquisas, personal del CENDOJ hizo una visita al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat en la que requirió explicaciones sobre el funcionamiento de los servicios asociados a los equipos e infraestructuras utilizados por jueces y magistrados, así como sobre las aplicaciones que utilizan y los servicios que les dan soporte.
Además, tal y como informa el CGPJ en un comunicado, los técnicos del CENDOJ efectuaron diversas comprobaciones 'in situ' mediante la conexión con servicios y programas que prestan servicio a los sistemas de gestión procesal.
Para esta visita fue requerida la presencia de la directora general de Modernización y el delegado de Protección de Datos de la Consejería de Justicia y los responsables del CTTI y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT), a los que se solicitó diversa documentación con objeto de comprobar las manifestaciones que realizaron durante la inspección.
Con respecto al aviso que apareció en los ordenadores de los jueces, el CGPJ recalca en su comunicado que la Generalitat explicó que el mensaje se envió a todo el colectivo de usuarios de su red, independientemente de la Administración en que trabajasen, y que una vez detectado que estaba llegando se paralizó el envío a este colectivo.
COMPROBACIONES
Una vez comprobada la información solicitada sobre este extremo --criterios de selección de los grupos de jueces que recibieron el mensaje, procedimiento utilizado para la confirmación de lectura, posibilidad de que se hubiera grabado un registro en el que quedara la información de la aceptación e incidencias registradas en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) sobre este asunto--, el CENDOJ acepta la explicación dada por la consejería.
Según el departamento que dirige Ester Capella, "el texto no se tenía que haber enviado nunca a los órganos judiciales y fiscalías de Cataluña", añadiendo además que "desde la Generalitat de Cataluña se han tomado las medidas oportunas para garantizar que no se vuelva a repetir una situación similar".
El informe del CENDOJ concluye que "el envío de dicho aviso no implica que se hayan producido accesos indebidos a información jurisdiccional, ya que los medios técnicos utilizados para este proceso se realizan a través de la red de comunicación desde los servidores de usuarios a los propios PC, no existiendo en este proceso ninguna información que pudiera comprometer un posible acceso indebido a datos jurisdiccionales".
Por ello, los técnicos informan que "en la verificación de la información y documentación aportada relativa a los procesos, sistemas y procedimientos tecnológicos y normativa de seguridad, especialmente los informes de auditorías, así como en las pruebas aleatorias realizadas, no se han detectado irregularidades".
