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Interpretando a la ministra Celaá; por José Luis Requero, Magistrado

19/11/2019
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El día 19 de noviembre de 2019, se ha publicado en el diario La Razón, un artículo de José Luis Requero, en el cual el autor dice que No habrá hachazo a la enseñanza privada en general pues, en realidad, no deja de ser la preferida por la progresía para su retoños; tampoco habrá machetazo seco a la concertada que es la que permite a la clase media y a la población más desfavorecida acceder a una enseñanza de calidad.

Era media tarde del pasado jueves cuando me entró, no recuerdo mediante qué red social, esta noticia: la ministra de Educación ha declarado que “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza”. Sinceramente, lo tomé como una fake news, es decir, una mentira o manipulación tan al uso. Pero a medida que pasaba la tarde esas mismas declaraciones me llegaban a través de las distintas newsletters de diarios nacionales; sólo El País las silenciaba.

Alarmado intenté interpretar esas palabras ministeriales, dichas entre murmullos y ojo al dato, quizás también a la chulería, ante los dos mil asistentes al Congreso de Escuelas Católicas. Y al hacerlo la alarma fue incandescente porque, releyéndolas, deduje de su literalidad que lo cuestionado no era ya la educación concertada sino la educación de promoción social, es decir, la privada, concertada o sin concertar.

En esa tarea interpretativa aparté un pensamiento cruel: que fuesen fruto del desconocimiento. No podía concebir que la mismísima ministra de Educación desconociese lo expresamente previsto en la Constitución, en tratados internacionales firmados por España y lo sentenciado con reiteración tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. No, no podía ser desconocimiento, algo imperdonable en alguien con tanta responsabilidad.

Apareció así un pensamiento malicioso que, sin buenismo alguno, también quiero rechazar: cuando se ha pactado gobernar con los comunistas, ¿no estaría diciendo “váyanse preparando porque el presidente con tal de seguir en La Moncloa sacrificará lo que haga falta, entre otras cosas los derechos y libertades de millones de familias”? (Por cierto ya que hablamos de pactos, algo debería significar que el Parlamento Europeo, a propósito de la Memoria histórica de Europa, acabe de condenar al nazismo y al comunismo).

De ser esto último no concebía su explicitación tan burda, impropia de una persona educada o, si se quiere, de políticos astutos que hay cosas que hacen pero sin decirlo. Debe ser otra cosa, pensé, y para dar con el verdadero sentido de sus palabras indagué en su intervención al completo: a lo que ya he citado siguió esto: que “esos hechos (sic), los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que pueden tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución”. Ahí esta el truco.

En efecto, la ministra no niega ese derecho fundamental -la libertad de enseñanza- pero lo reduce a mera proclama, lo vacía de su indisponible contenido constitucionalizado, vinculante y exigible, de ahí que la jurisprudencia lo deduzca de la Constitución. Así, vaciado de un contenido esencial de obligado respeto, la libertad de elección de centro será no lo que disponga la Constitución desvitalizada, sino lo que diga la mayoría parlamentaria y apliquen las Administraciones. En época de Memoria histórica, la ministra rindió así homenaje a la memoria jurídica del franquismo: también sus leyes fundamentales recogían bastantes de los derechos ahora constitucionalizados, pero como proclamas carentes de contenido, inexigibles, no reclamables ante los tribunales ni con fuerza de obligar por sí mismas.

Realmente la ministra no dijo nada nuevo, nada que no lleven haciendo ciertas Administraciones desde hace años con la enseñanza concertada, pese a que lo desautoriza una jurisprudencia que es fruto de obligar a colegios y familias a tortuosos pleitos; pleitos en los que se ventila la constitucionalidad de unas condiciones, cada vez más severas, hasta tramposas, que obstaculizan la realidad del ejercicio de la libertad de enseñanza.

No habrá hachazo a la enseñanza privada en general pues, en realidad, no deja de ser la preferida por la progresía para sus retoños; tampoco habrá machetazo seco a la concertada que es la que permite a la clase media y a la población más desfavorecida acceder a una enseñanza de calidad, pero se procura su progresiva asfixia. Y es que, sectarismo ideológico al margen, se trata de una implacable carrera de resistencia en la que está en juego gestar un voto cautivo en las futuras generaciones.

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