Ayer fue el solemne acto de Apertura de Tribunales. La inminente sentencia del procés y el estancamiento de la renovación del Consejo General del Poder Judicial protagonizan el inicio del año judicial. Ese estancamiento es fruto de la actual parálisis política y se prolongará aun más de convocarse elecciones: este Consejo podría acercarse al triste record que ostenta el Consejo del que formé parte, con siete años de mandato: cinco años “constitucionales” más dos de prórroga (2001-2008). Hace poco se recordaba ese Consejo al nombrarse a Enrique López como Consejero de Justicia de Madrid. En el blog “Hay Derecho”, Rodrigo Tena lo criticaba por varias razones, en unas no entro, en otra sí. Invoca el autor para su crítica un artículo en el que se criticaba a López por haber defendido que aquel Consejo hiciera “sin concurrir los requisitos legales para ello, informes sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y la Ley que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo”. Esa critica me concierne.
Me concierne porque fui Vocal en aquel Consejo, porque alenté la aprobación de esos “informes” y porque los redacté. Y como la desinformación es atrevida no puedo callar, más que nada porque una mentira o media mentira, de no atajarse, adquiere estatus de verdad: que se lo digan a Tena. Además no es agua pasada: con distintos argumentos, es la realidad de todo Consejo, de aquel, de los posteriores y de los que vengan.
En primer lugar aquellos no fueron informes ni dictámenes, si por tales se entiende dar un parecer fundado en Derecho a quien lo solicita. Fueron estudios -nos lo permitía la ley-, iguales al que aprobamos por unanimidad sobre el proyecto de Constitución europea entonces tan en candelero y que, como se sabe, no prosperó. Todos vimos lógico que, ante el silencio del resto de las instituciones, el órgano de gobierno judicial reflexionase sobre su incidencia en la Justicia. Y ¿por qué nadie nos criticó? probablemente porque la iniciativa era sensata y quizás porque procedía de lo que, por aquellos años, se denominaba “minoría progresista”.
Pero los otros dos estudios posteriores a los que alude “Hay Derecho”, no fueron iniciativa de esa minoría sino, por descarte, de la mayoría y ¿qué mayoría?: pues si la minoría era la “progresista”, por lógica simplona la mayoría era “conservadora”, luego los artistas del manejo del inconsciente colectivo a base de simplismos tenían una buena baza para desacreditarlos.
Vamos a recordar un poco más. En cuanto al “matrimonio” homosexual, el gobierno zapateril daba por hecho que esa ley debería informarla el Consejo: nadie lo discutía. Pero la experiencia de nuestro informe crítico -aquí sí, informe- al proyecto de ley de violencia sobre la mujer, le llevó sorpresivamente a no pedirnos un informe preceptivo y a retorcer la ley para justificarlo. Aun recuerdo el asombro y el posterior papelón de esa “minoría progresista” al verse forzada a defender que el tema no nos incumbía.
El Consejo contestó que defendíamos una facultad atribuida por ley, no por el gobierno, pero por razones de pertinencia jurídica y oportunidad optamos por no llegar al extremo de plantear un conflicto; ahora bien, como era un tema que afectaba a los jueces, hicimos un estudio: carecería de valor jurídico, pero la torpeza del gobierno le añadió más relevancia e impacto que si hubiera sido un informe.
En cuanto al Estatuto catalán, era su grosera inconstitucionalidad en lo relativo a la Justicia, lo que hizo que el Consejo como órgano de gobierno judicial no callase. Y no dijimos nada que no apoyase luego el Tribunal Constitucional o que no hubiéramos dicho meses antes al informar aquí también, un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que preparaba el terreno al Estatuto catalán y que no llegó a ser ley.
En ambos casos, podríamos haber callado y tal silencio convenía a los que quieren un Consejo -como una Judicatura- silente, más en aquel momento en el que -y no es hipérbole- se quería reformar la Constitución fraudulentamente. No callamos, aunque molestase a los que ayer, hoy o mañana no quieren que otros estudien y lo hagan con razones jurídicas, no políticas: a los estudios me remito.
