MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Así lo indica la Memoria Anual del Ministerio Público que ha presentado este lunes la fiscal general del Estado, María José Segarra, durante el acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, que ha estado presidido por el Rey Felipe VI.
En los delitos contra la Corona, el camino que ha seguido la Fiscalía ha sido el de incoar diligencias de investigación ante la recepción de atestados por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autonómicos a los fines de hacer un previo juicio de los hechos que se denuncian y ver si cumplen los parámetros de la jurisprudencia.
DOCTRINA DE ESTRASBURGO
Y en el caso de 2018, todas las investigaciones que se abrieron, hasta un total de 32, fueron archivadas en aplicación de la nueva doctrina europea sobre estos hechos, la que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, "al entender que los mismos carecen de relevancia penal y no sería aceptable castigarlos penalmente".
En marzo de 2018, el TEDH dictaminó que la quema de fotografías del Rey "debe ser interpretado como expresión simbólica de una insatisfacción y de una protesta", una "forma de expresión de una opinión en el marco de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la Monarquía".
Pues bien, la Fiscalía, haciendo suyas estas palabras en la Memoria Anual, sigue la doctrina marcada desde Estrasburgo y justifica el archivo de los 32 procedimientos que se abrieron el año pasado porque una actividad así se enmarca "en el ámbito de la crítica política y no personal de la institución de la Monarquía, en general, y en particular del Reino de España como nación, debiendo entenderse como una expresión simbólica de insatisfacción y protesta".
