VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
En el momento de la operación que desarticuló este grupo, almacenaban estupefacientes por valor de 266.905 euros, además de dinero, útiles para la producción de la cocaína e incluso dos armas, una de ellas de guerra.
Así figura en una sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que la Sala absuelve a tres personas más al no haber quedado acreditado durante el juicio que interviniesen en la custodia y distribución de estupefacientes.
El fallo recoge condenas por diversos delitos, principalmente por integración en grupo criminal, delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, así como blanqueo de capitales, depósito de armas de guerra y también descubrimiento y revelación de secretos, dado que la trama contó con la colaboración de un agente de policía.
Con ello, las penas impuestas a los nueve condenados oscilan entre los tres y los ocho años de prisión y contemplan multas que, en suma, alcanzan los 1.527.620 euros. Asimismo, se ordena el decomiso de los bienes, sustancias y demás efectos intervenidos a la banda.
La sentencia considera probado que entre mediados de mayo y mediados de noviembre de 2016, un hombre se concertó para proceder a la distribución de cocaína en la provincia de Valencia al menos con otras cuatro personas, que a su vez contaban con la colaboración de terceros. Uno de estos, además, procesaba la droga para reducir su nivel de pureza con productos adulterantes y la empaquetaba acto seguido en paquetes más pequeños.
En cuanto al agente de la Policía Nacional, empleaba claves de compañeros para acceder a varias bases de datos confidenciales a fin de consultar fichas policiales, facilitar imágenes de determinadas personas y entregar a la red hasta 56 hojas de reseñas policiales.
En los registros fueron intervenidas importantes cantidades de droga _principalmente cocaína, pero también MDMA, marihuana y hachís_, así como útiles necesarios para la adulteración y corte de cocaína, numerosos teléfonos móviles y grandes cantidades de dinero procedente de la venta de los estupefacientes. También se encontró un subfusil de tipo militar y una pistola semiautomática.
Asimismo, uno de los procesados, vigilante de seguridad de profesión, trataba de ocultar los beneficios obtenidos de la venta de la droga y dotarlos de apariencia lícita introduciéndolos en el mercado financiero a través de transacciones económicas y contratación de productos financieros de bajo riesgo. Llegó a acumular 103.932 euros en esta clase de pólizas y productos bancarios.
