MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El recurso, tal y como avanzaba El Español, se dirige así contra las instrucciones que dictó el Gobierno para comenzar con las labores de exhumación, aprobadas después del decreto que en el mes de agosto modificó la Ley de Memoria Histórica con el mismo fin de sacar los restos del dictador de la Basílica del Valle.
Solicitan que en todo caso que se paralicen las tareas de exhumación, dado que el Gobierno ya dio instrucciones tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para proceder con el desenterramiento, por el daño irreparable que a su juicio se puede producir en caso de que después, el Supremo les de la razón y anule el acuerdo del Consejo de Ministros.
Para ello, el Supremo ha abierto una pieza separada donde se analizará la imposición de esas medidas cautelares y ha dado traslado a la Abogacía del Estado, que tiene diez días para exponer su posición al respecto, según las fuentes jurídicas consultadas.
Será la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, formada por seis magistrados y presidida por el conservador Jorge Rodríguez-Zapata, quien decida sobre el fondo de la cuestión.
La familia denuncia "las irregularidades ya producidas en el marco del procedimiento de exhumación" pues entiende que "debiendo tener carácter colectivo respecto de todos aquellos inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a consecuencia de la Guerra Civil, tan solo se ha incoado respecto de los restos mortales" del dictador.
Sostienen que se está aplicando así una política de "caso único", que además afecta a su "derecho a la intimidad personal y familiar", puesto que han "manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo" y aún así, se ha seguido adelante.
