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El TS rechaza dar tres meses de plazo a las defensas del 'procés' para que presenten sus calificaciones

29/11/2018
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado ampliar hasta los 90 días, que eran los que reclamaban algunas defensas, el plazo otorgado para la presentación de los escritos de calificación de los 18 exmandatarios catalanes que serán juzgados por el 'procés' soberanista en Cataluña.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La defensa del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull había pedido que, en vez de los 10 que les concedió el tribunal, el plazo para la presentación de sus escritos provisionales de defensa se ampliara hasta los tres meses y, de considerarse excesivo al menos hasta los 30.

La Sala no ha acogido ninguna de estas pretensiones si bien, en una diligencia dada a conocer este miércoles les ha recordado a las defensas que ese tiempo de 10 días de que dispondrán para preparar sus informes no comenzará a contar hasta que se resuelvan, mediante auto, las cuestione previas que tienen previsto sustanciarse en una vista pública que podría celebrarse a mediados del próximo mes de diciembre, y que servirá de antesala del juicio en sí.

EN ESPERA DE QUE LAS ACUSACIONES SE PRONUNCIEN

En la misma diligencia, la secretaria del juzgado da traslado tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado y a Vox, que ejerce la acusación popular en este asunto, para que en el plazo de tres días expresen su postura respecto a la petición que va a sustanciarse en dicha vista previa.

Las defensas argumentarán que el Supremo debe inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que el alto tribunal no es competente para juzgar a los exmandatarios catalanes llamados al banquillo.

Consideran los abogados que, la competencia corresponde de modo evidente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, "por haberse realizado la totalidad de los elementos típicos de los delitos que las acusaciones atribuyen a los procesados íntegramente en territorio catalán.

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