MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Se trata de un convenio firmado entre los colegios de abogados del denominado territorio común --las comunidades autónomas que no tienen competencias transferidas en Justicia--, el Colegio de Abogados de Madrid --por todos los procedimientos que se desarrollan en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo--, el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española para que los letrados que dedican parte de su tiempo a macroprocesos judiciales cobren algo más de los establecido en los baremos.
El pasado lunes, el Ministerio de Justicia, dirigido por Dolores Delgado, anunció que había dado la orden de desbloquear 7.835.117 euros relacionados con los pagos pendientes por los trabajos realizados por los abogados del turno de oficio en los meses de julio, agosto y septiembre. Explica que tenía paralizado el abono correspondiente al tercer trimestre del año hasta que el CGAE no reintegrase el importe de 591.297 euros que habían sido pagados de más por el anterior ministro, Rafael Catalá.
Ante esta noticia, el Consejo General de la Abogacía manifestó en un comunicado su "absoluta y rotunda disconformidad" y recalcó que los casi 600.000 euros que han tenido que devolver no lo hicieron porque hubiesen cobrado de más, sino en relación a este convenio que, según afirmaron, no había sido renovado por Delgado. Asimismo, destacó que hicieron el reintegro a su pesar pero con la voluntad de no afectar a los 20.000 abogados del turno de oficio.
También afirmó que el Ministerio, no sólo "desconoce" el sistema de pago, sino que "mezcla de manera interesada los pagos del sistema general de asistencia jurídica gratuita en territorio común con los pagos amparados en el convenio para sufragar los gastos generados en el proceso Gürtel".
EL IMPORTE MÁXIMO ERA 570.000 EUROS
Ahora, el departamento de Delgado explica en un comunicado que ese convenio se firmó el 28 de junio de 2016 y en él se preveía que el importe máximo a abonar a cada uno de los 19 letrados que han trabajado en el 'caso Gürtel' ascendería a 30.000 euros, para lo cual se libró un pago con cargo al Ministerio de 570.000 euros.
No obstante, según indica Justicia, el equipo dirigido por Catalá "libró un pago adicional al CGAE --que se sumó a esos 570.000 euros-- por valor de 591.297 euros sin cobertura legal alguna". En este sentido, afirman que "la cantidad abonada duplicaba ampliamente la inicialmente establecida en el único convenio firmado con ese organismo".
Asimismo, apostilla que los pagos a los abogados de asistencia jurídica gratuita relativos a los meses de verano estaban bloqueados porque la oficina presupuestaria del Ministerio advirtió a la Secretaría de Estado de Justicia de que el cobro indebido de esa cantidad impediría al Consejo General de la Abogacía Española --encargado de gestionar los pagos en el territorio común-- recibir nuevos abonos en aplicación del artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones. Dicho artículo establece que "no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario (*) sea deudor por resolución de procedencia de reintegro".
EVITAR LA PREVARICACIÓN O LA MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
Así las cosas, el Ministerio decidió "de buena fe y con la única intención de entregar cuanto antes el dinero debido a todos los abogados del turno de oficio", ofreció al CGAE la posibilidad de reintegrar "amistosamente y de manera voluntaria" dicha cantidad, sin hacer una reclamación formal, destaca el comunicado.
Añade que "en caso de haber pagado al CGAE esta última cantidad sin la devolución de lo indebidamente percibido por este organismo, tal como sus responsables reclamaban, los funcionarios del ministerio implicados en el abono de esa cantidad podrían haber cometido delitos como prevaricación o malversación de caudales públicos".
