MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La modificación de la ley que se ha debatido en dicha comisión se ha pactado entre el PP, Unidos Podemos y PSOE para derogar el sistema establecido con la reforma que impulsó el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012.
Desde aquella reforma, sólo el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y los siete vocales que forman la denominada Comisión Permanente tienen dedicación exclusiva. Además, es el máximo representante del Poder Judicial, hasta ahora Carlos Lemes --cuyo mandato expira el próximo 4 de diciembre--, el que propone a estos vocales para constituir el 'núcleo duro' de la institución, que tiene atribuidas las decisiones más relevantes.
En este nuevo cambio legislativo también se plantea la recuperación de derechos y permisos perdidos por la crisis económica; la limitación de las 'puertas giratorias' y el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces, dotándolo de medidas de transparencia.
Esta iniciativa ha contado con los votos a favor de Podemos, PSOE y PP, Compromís y PNV, y su texto definitivo será remitido al Pleno del Congreso de los Diputados. Sólo el grupo parlamentario Ciudadanos ha votado en contra de la tramitación de esta reforma, mientras que los partidos nacionalistas catalanes, ERC y PDeCAT se han abstenido, aunque algunas de sus enmiendas han sido incorporadas en la ponencia de la reforma.
REFORMA "ENCUBIERTA" QUE SE HA "COCINADO EN SILENCIO"
"Es una proposición de ley completamente distinta de la que se inició en la tramitación, ha cambiado desde el título hasta la última frase", ha explicado el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Ignacio Prendes. Considera que se ha hecho una "reforma encubierta" y "a hurtadillas, de calado que se ha cocinado en silencio y a las espaldas del personal, de magistrados, del órgano de gobierno de los jueces".
Y es que la negociación comenzó a raíz de la 50 enmiendas que el PP presentó en el último momento a su propia iniciativa para la recuperación de las licencias y permisos del personal de la Administración de Justicia. "Se pierde una nueva ocasión de adaptar las estructuras de la Justicia del siglo XXI", de "reforzar" el Poder Judicial y de "despolitizar" su Consejo, ha señalado Prendes.
Quejas similares han hecho las portavoces catalanas, Lourdes Ciuró (PDeCAT)y Carolina Telechea (ERC), que han lamentado que no hayan sido llamadas a la mesa de negociación para poder defender sus "reclamaciones históricas", como es la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, órgano dotado de funciones propias en materia de Justicia, que el Tribunal Constitucional tumbó.
"QUEJAS INJUSTIFICADAS"
No obstante, al PP y al PSOE no les ha gustado estos reproches y han centrado una parte de sus intervenciones a responder a estos ataque. Son "quejas injustificadas", ha dicho la 'popular' María Jesús Moro, que ha añadido que Ciudadanos sí ha sido llamado a las reuniones "muchas veces" y les ha pedido que no digan que sólo sus propuestas son las "legítimas.
Moro ha reconocido que al objetivo inicial de esta proposición de ley se han incorporado otras cuestiones como la limitación de mandatos o permitir una "relación fluida" de los vocales del CGPJ con el Congreso de los Diputados, donde puedan acudir para explicar las cuestiones relevantes y de interés para la ciudadanía. Por ello, para la diputada del PP, "lo importante es el resultado final", que ha surgido del acuerdo y del "trabajo paciente".
En esta línea se ha manifestado también el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, que ha calificado de "insulto" las manifestaciones relacionadas con la tramitación legislativa. El socialista ha defendido en este sentido no importa de "dónde venga" la iniciativa siempre que se pueda "aportar algo para la mejora de la Administración de Justicia".
Por su parte, Eduardo Santos, de Unidos Podemos, ha felicitado a todos los portavoces que han "trabajado en esta ley" y ha explicado que entraron a dialogar y negociar nuevos aspectos de la reforma porque consideraban que, de lo contrario, podía quedar "coja" y no conseguir un verdadero "servicio público". Entre ellos se encuentra la dotación de mecanismos de transparencia al CGPJ y acabar con el "presidencialismo" en su funcionamiento, que le ha "llevado a una situación caótica".
"PACTAR SIGNIFICA DEJAR COSAS EN EL CAMINO"
Por último, el peneuvista Mikel Legarda ha aplaudido el acuerdo alcanzado porque "en definitiva, es un avance" y considera que "ha merecido la pena". Asimismo, ha enfatizado que "toda negociación significa pactar y pactar es dejar cosas en el camino".
La reforma de la LOPJ se basa en tres bloques en los que, además de devolver a todos los vocales la dedicación a tiempo completo a los asuntos que estudia el órgano de gobierno de los jueces, también se establece la exigencia de criterios de mérito, capacidad y paridad en los nombramientos de altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, cuya competencia tiene el CGPJ.
En cuanto a derechos, se prevén mejoras en materia de conciliación en toda la Administración de Justicia, como los permisos de maternidad y paternidad, así como los derechos laborales perdidos en 2012 y cuya recuperación reivindica jueces y fiscales. Otras de las medidas están relacionadas con los planteamientos del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para fijar las incompatibilidades en las 'puertas giratorias' de jueces que vienen de cargos de libre designación.
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