SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Concretamente, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera la impugnación a la Disposición Adicional Tercera de la orden, que apunta al personal funcionario de carrera que no haya obtenido aún su primer destino definitivo indicando que el mismo solo podrá optar a una comisión de servicios bajo unas determinadas condiciones, excluyendo así a los provisionales de la misma.
"No existe explicación sobre la exclusión en la aplicación [...] Nada se explica en la propia orden, ni se advierte que esa disposición sea consecuencia del contenido de norma superior que debe respetarse. Y siendo una disposición restrictiva introducida como novedad, debería haberse explicado la razón de su contenido", sostiene el TSJA, que declara su nulidad tras el recurso interpuesto por CGT Enseñanza.
Y es que el denominado 'concursillo' para los docentes andaluces solo permite al personal funcionario con destino definitivo mejorar los mismos por motivos de enfermedad o conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Este hecho fue denunciado por la central sindical, que entendía como discriminatorio que otros colectivos --docentes sin destino definitivo o incluso interinos-- no pudieran acceder a esa mejora por los motivos enunciados.
El TSJA sí desestima las pretensiones de CGT en cuanto a declarar fraude de ley en las modificaciones normativas establecidas por la Junta o respecto a la falta de motivación de las nuevas comisiones de servicio introducidas.
Según la secretaria general de FASE-CGT, Laura Tirado, esta organización "quiere que todo el profesorado tenga derecho a las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, independientemente del tipo de vinculación laboral que tenga. No es de recibo que por este tipo de motivos parte del profesorado sufra discriminación".
Por todo ello, CGT seguirá luchando para extender los derechos laborales al conjunto de los trabajadores y se ha dirigido a la Junta solicitándole una reunión para tratar el tema de la modificación de la orden que regula la colocación de efectivos, entendiendo que debe ser transformada en su conjunto y extender los derechos de conciliación a toda la plantilla docente.
