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Memoria de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía incoó 1.590.492 diligencias en 2017 y advierte de problemas estructurales que exigen reformar la ley procesal

11/09/2018
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A lo largo de 2017 se incoaron por las diferentes fiscalías españolas un total de 1.590.492 diligencias previas, lo que supone un 11,26 por ciento menos que en ejercicio anterior y consolida la tendencia de un descenso de asuntos que, sin embargo, no se ha visto respaldada por una mayor eficiencia en la gestión de los procedimientos en los tribunales

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Así se destaca en la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, cuyo contenido ha sido hecho público este lunes con ocasión de la Apertura del Año Judicial celebrada en el Tribunal Supremo. A juicio del Ministerio Público, el hecho de que la rebaja de causas no se traslade a una gestión más eficiente denota "la existencia de problemas estructurales en el modelo de Justicia penal en nuestro país".

Por otra parte, los datos estadísticos arrojan variaciones significativas en la incoación de las diligencias urgentes, por las que se tramitan los denominados 'juicios rápidos'. Los 183.074 procedimientos incoados en este apartado durante el año pasado suponen un ligero aumento de apenas el 0,71 % con respecto a 2016, por lo que la Fiscalía insiste que la solución sólo puede provenir de una reforma penal que amplíe los delitos que deben ser objeto de este tipo de vistas.

Los datos indican, según la Fiscalía, que la supresión de las faltas no ha supuesto una disminución relevante de la litigiosidad ni de la carga de trabajo derivada de estas infracciones penales leves.

Por lo que se refiere a las acusaciones formuladas por la Fiscalía durante el pasado año fueron un total de 262.319, lo que supone un descenso del 3,86 % sobre las 272.456 presentadas en el año 2016, volviendo así a los volúmenes registrados en el año 2015, en que se formularon.

EMPLEO DE EFECTIVOS PARA CASOS LEVES

La Memoria también permite constatar que en el año 2017, los integrantes de esta Institución asistieron a un total de 352.242 juicios ante la jurisdicción penal. De ellos, prácticamente la mitad (52,43 %) fueron juicios por delitos leves, hasta un total de 184.688, lo que da una idea del tiempo y efectivos invertidos en la persecución de infracciones penales leves que, además, finalizan con sentencias absolutorias en el 38,46 % de los casos

Además, frente 167.534 juicios por delito celebrados, en el año 2017 se dictaron un total de 165.449 sentencias. La Memoria destaca un año más que el índice de sentencias conformes con la posición del Fiscal (tanto condenatorias como absolutorias) fue del 68 %. Además, del total de las condenatorias, un 62,05 % fueron de estricta conformidad con el Ministerio Fiscal, lo que a su vez supone el 46,21 % del total de sentencias.

PROCEDIMIENTOS FICTICIOS

Los índices de procedimientos que se pueden calificar como "ficticios" según la Fiscalía siguen siendo muy altos. Se trata de meras duplicidades provocadas por la necesidad de determinar el órgano competente mediante la aplicación de prolijas normas de reparto, y que trasladan una distorsionada imagen sobre la verdadera litigiosidad.

Así, en el año 2017 se produjeron un total de 231.833 diligencias previas incoadas por acumulaciones o inhibiciones, lo que supone el 20,51* % del total, prácticamente el mismo porcentaje que en el año 2016. A esto hay que añadir que un total de 1.049.194 diligencias previas terminaron por archivo o sobreseimiento, lo que supone el 65,97 % del volumen total incoado.

Si tenemos en cuenta que estas resoluciones se dictan a veces a los pocos meses, días o incluso horas desde la incoación, "se comprenderá que todavía existe un nivel relevante de burocratización ineficiente del sistema", advierte la Fiscalía.

Los tiempos de respuesta entre la incoación y la acusación (396 días en un procedimiento abreviado), o entre la acusación y el primer señalamiento para juicio oral (524 días en el mismo tipo de procedimiento) no han mejorado sustancialmente con respecto a los años anteriores, lo que indica según la Memoria del Ministerio Público "una incapacidad de la estructura organizativa" para gestionar un volumen de asuntos que, aunque en términos absolutos es menor, no ha supuesto una descarga real del trabajo en los órganos judiciales españoles.

Otro tanto se puede decir de los índices de suspensión de juicios (31 % en los Juzgados de lo Penal y 27 % en las Audiencias Provinciales), que siguen subiendo año tras año (en torno al 4 % en los últimos tres ejercicios), lo que denota "problemas estructurales de las oficinas judiciales".

Por ello, desde la Fiscalía General del Estado se insiste en la tozudez de una realidad que aparece reflejada en los datos: el proceso penal español necesita de una reforma en profundidad mediante un cambio sustancial de modelo, en la línea ya apuntada en ejercicios anteriores.

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