MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
En concreto, este caso hace referencia a la denuncia de los 'populares', que llevaron a los tribunales la operación por si se había producido malversación de caudales públicos en la cesión del contrato de este servicio, por el que el Ayuntamiento pagó 10,5 millones de euros a Bonopark, la empresa concesionaria. La querella fue presentada contra la delegada de Medio Ambiente del Consistorio madrileño, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández de Heredia.
En un auto fechado a 7 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Belén Sánchez Hernández responde a la petición del Fiscal y decide declarar causa compleja la instrucción al entender que va a llevar más de seis meses, pues se establece un plazo, de hecho, hasta los 18 meses.
Según recuerda con la ley, "las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha de incoación del Sumario o de las Diligencias Previas" y antes de la expiración de dicho plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes "podrá declarar la instrucción compleja".
Esto lo podrá hacer, explica la juez, "cuando por circunstancias sobrevenidas a la instrucción, no puede razonablemente completarse en el plazo estipulado o concurran de forma sobrevenida" alguna circunstancia como que recaiga sobre grupos u organizaciones criminales o tenga por objeto numerosos hechos punibles.
También si involucra a "gran cantidad de investigados o víctimas, si exige la realización de pericias", un examen de "abundante documentación o complicados análisis", si implica la realización de actuaciones en el extranjero, precisa la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas o se trate de un delito de terrorismo.
En este caso, explica que se acoge a la petición del Ministerio Fiscal y declara compleja la causa "al concurrir en las presentes actuaciones circunstancias sobrevenidas que hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo de seis meses" a que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Un mes antes, la misma jueza pedía al Ayuntamiento que aclarara los expedientes de Bicimad para ver si se ajustaban a la "legalidad" o se había cometido alguna irregularidad y citaba a declarar a finales de julio al director financiero de la EMT. También se solicitó un informe pericial con un perito economista auditor de cuentas, cuyo resultado dependería para continuar con las diligencias.
Fuentes cercanas al caso han señalado a Europa Press que la declaración como causa compleja del caso era "lo esperado y lo frecuente" dado que entienden que es un requisito prácticamente obligatorio al haberlo pedido el Fiscal y haber acordado la juez la práctica de esta prueba pericial.
