MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Las asociaciones de jueces coinciden en calificar de limitada la respuesta que puede dar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la petición de amparo realizada a este órgano por el instructor en el Tribunal Supremo de la causa del 'procés' independentista en Cataluña, Pablo Llarena, frente a la citación para el próximo 4 de septiembre que le ha realizado un juez belga.
Además de la consabida declaración institucional, apuntan la posibilidad de obtener este apoyo en la Red Europea de Consejos de Justicia -que aglutina a órganos similares en otros países de la Unión- o que pueda pedir al Gobierno que la Abogacía del Estado asuma la defensa del magistrado.
La petición de amparo, en la que reclama medidas que restauren su independencia judicial, la realiza Llarena en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsjeros, que acusaron al juez español ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, reconoce en declaraciones a Europa Press que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula las concesiones de amparo, establece un procedimiento "difuso" sobre medidas indeterminadas a adoptar y que, de hecho, hasta el momento nunca se ha llevado a cabo un procedimiento añadido a la expresión del amparo por la Comisión Permanente y la difusión de dicho acuerdo.
"No se ha hecho nada más porque no se otorga al Consejo una capacidad coercitiva", reconoce Rodríguez, para añadir que por otra parte no existen antecedentes de un amparo solicitado frente a una demanda ante la jurisdicción de otro país.
"Veo difícil de que el CGPJ pueda poner en marcha un instrumento que paralizase la actuación -ha añadido el portavoz de la APM- No se me ocurre otra cosa que dirigirse al tribunal belga para comunicar la posición del CGPJ considerando que la demanda puede considerarse una injerencia en el poder judicial español".
INCOMPRENSIBLE LA DECISIÓN BELGA
Por otra parte, el portavoz de la asociación mayoritaria de jueces ha expresado "la más rotunda incomprensión" hacia la admisión de la demanda por parte de un tribunal belga contra la actuación contra el ejercicio de la función jurisdiccional de un juez del Tribunal Supremo de España. "Es radicalmente incomprensible dicha demanda y no alcanzo a entender cómo ha sido admitida a trámite, no es asumible bajo ningún concepto".
Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), apunta que al formar parte el CGPJ de la Red Europea de Consejos de Justicia quizá se podría intentar conseguir un comunicado conjunto en el que se hable de la necesaria independencia de los jueces en sus funciones jurisdiccionales. "Echamos en falta una defensa efectiva por parte del Consejo del Poder Judicial", ha añadido en manifestaciones a Europa Press.
Finalmente, el portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Raimundo Prado, reconoce que los amparos concedidos por el CGPJ "muchas veces quedan en papel mojado porque son declaraciones institucionales en las se pide a quien comete la injerencia que se abstenga, y eso no vale para nada".
Prado ha añadido que Llarena podría pedir que el órgano de gobierno de los jueces pida al Ministerio de Justicia que facilite la actuación de la Abogacía del Estado para que le defienda en la demanda en Bélgica " y que no tenga que pagar por su bolsillo o si se produce una condena a costas la asuma el Estado".
"Es extraño que entre países de la UE un poder judicial no se fíe de lo que está haciendo otro órgano, no cuadra todo eso", ha añadido a Eurpa Press. "Si ocurriera en el caso de un tribunal de Turquía o China tendría sentido, pero en este caso es difícil de entender".
En su demanda, los procesados por Llarena reclaman que se obligue éste a pagar na "multa simbólica" de un euro "para reparar el daño causado", según explicó el pasado 5 de junio uno de los abogados belgas de los exconsejeros, Christophe Marchant.
"El juez no se ha limitado a escribir una serie de posicionamientos que consideramos que ponen de manifiesto que estamos perseguidos por nuestras ideas políticas", dijo en dicha ocasión Comín, "sino que también lo ha hecho fuera de los tribunales", en referencia a unas declaraciones que Llarena hizo a la prensa tras una conferencia en Oviedo el pasado febrero.
