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TSJM

El TSJM da por "ejecutada" la sentencia del Supremo sobre el ruido de Barajas

02/08/2018
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado por ejecutada la sentencia emitida en 2008 sobre el ruido provocado por los vuelos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a los residentes de la urbanización 'Ciudad de Santo Domingo', en la localidad de Algete, al apreciar una reducción de la contaminación acústica.

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Así lo detalla la sección novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, desestima la alegación de falta de legitimidad presentada por un representante de varios vecinos, que argumentaba que esa sentencia no se estaba ejecutando y reclamaba prohibir los sobrevuelos en esta zona de aeronaves operadas desde la pista 18R y 18L.

El Tribunal Supremo emitió 2008 una sentencia, ahora declarada ejecutada por parte del TSJM, en la que se apreció la lesión del derecho fundamental a la intimidad domiciliaria de los recurrentes como consecuencia del ruido producido por el sobrevuelo de aviones de la urbanización Santo Domingo en que residen.

En su auto, el alto tribunal madrileño aprecia una reducción "evidente" del ruido generado por la operativa del aeropuerto en esta urbanización entre el periodo 2004 a 2016, como constatan los informes técnicos, "sin que se alcancen ni superen los valores límites" que fija la directiva europea sobre la materia.

"La conclusión alcanzada es el respeto a los umbrales de ruido exigidos por la Organización Mundial de la Salud y, en mayor abundamiento, también se respetan los valores límite fijados para las nuevas infraestructuras aeroportuarias por el Real Decreto 1367/2007", recoge la resolución judicial.

Además, el TSJM ahonda en que el método de evaluación seguido es el propuesto por dos organismos científicos "independientes" como el más adecuado para la medición del ruido en el interior de viviendas producido por el tráfico aéreo.

"La medición se ha llevado a cabo, asimismo, por un organismo técnico independiente", explica la Sala para detallar también que los umbrales de ruido se sitúan por debajo del límite establecido por la ordenanza municipal de Algete y del decreto de la Comunidad ed Madrid 78/199, actualmente derogado.

DIEZ AÑOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES

Aparte, el año pasado el Tribunal Supremo decretó que se debían realizar mediciones del ruido que generan los vuelos operados en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas en el interior de las viviendas de la urbanización de Santo Domingo para establecer la ejecución de la sentencia de 2008, pero detallaba que la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido debía ser acordada por la administración y no por un órgano judicial, siguiendo un cálculo "equilibrado" de "coste-eficiencia".

En esa resolución, el TS consideraba que se vulneraban los derechos fundamentales al descanso de los vecinos, no se había ejecutado y pedía que se remitiera el incidente de ejecución a la sala de Instancia (TSJM).

El Alto Tribunal expone en esta sentencia que entró en vigor un reglamento comunitario en abril de 2014 relativo al establecimientos de normas procedimientos con respecto a la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuerto de la UE "dentro de un enfoque equilibrado" y que deroga una directiva en la que se sustentaban las sentencias de 2013 y 2011 sobre la ejecución que debía seguir el fallo inicial de 2008.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ya avanzó que rechazaba la prohibición absoluta de sobrevuelos por parte de Aena provenientes de la pista 18R/36L del aeropuerto por la urbanización Santo Domingo, pero entendía que tampoco valía la reducción de un 30 por ciento que se apuntaba en otra resolución judicial.

En concreto, hacía referencia al fallo de 2014 el TSJM que establecía como no ejecutada la sentencia del Supremo de 2008 que instaba a Aena al cese del ruido que padecían los vecinos de la urbanización. Por ello, consideraba que la reducción de operaciones debía ser sobre el 30 por ciento del número total de vuelos reconocidos por Aena, algo que fue rechazado luego por el TS.

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