SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
De esta manera, la juez instructora, en un auto con fecha de 17 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda incoar diligencias tras la petición del Ministerio Público, recogida en un escrito presentado al Juzgado con fecha de 11 del mismo mes, en el que pide incluir en el testimonio que se acuerde las declaraciones ya prestadas por imputados en estos hechos como el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, el ex director adjunto de la sociedad, Daniel Ponce, el exsindicalista Juan Lanzas, y los directivos de mediadoras Jesús Bordallo y Antonio Albarracín, entre otros.
Además, la Fiscalía, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, interesa que la juez reciba declaración como investigados a los miembros del comité de empresa que negoció los dos ERE de Mercasevilla, la financiación y las condiciones de las pólizas con la dirección de empresa.
Del mismo modo y "al objeto de evitar nuevos retrasos en la tramitación las presentes diligencias", el Ministerio Público interesa que se proceda a la tramitación y práctica de diligencias que se dispongan por la instructora "a la mayor brevedad posible atendiendo a la actual carga de trabajo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, instando, bien de la Administración prestacional, bien del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los refuerzos personales y materiales que se estimen necesario".
La Fiscalía, en su escrito, solicita unir la investigación de los dos ERE a las diligencias abiertas ya y que investigan los pagos de Mercasevilla de cuatro facturas a favor del entramado societario de Juan Lanzas, dos de ellas a favor de la empresa Maginae Solutions y dos a nombre de empresarios de Granada.
Aunque la juez ha acordado abrir una nuevas diligencias para investigar los dos ERE de la lonja sevillana. En ella se investigará la ayuda de 5.637.421,86 euros concedidos por la Dirección General de Trabajo para el pago de la indemnización por extinción de contratos de 50 trabajadores afectados por el ERE de 2003, instrumentada mediante protocolo de colaboración de 4 de diciembre del citado año y convenio de la Dirección General, con Francisco Javier Guerrero al frente, y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en abril de 2004.
De otro lado, los 8.031.121,99 euros para el pago de indemnización por extinción de contrato de 39 trabajadores afectados por el ERE de 2007, si bien "no consta protocolo, ni convenio, ni pagos, constando sí tres compromisos de pagos relativos a 34 trabajadores afectados por dicho ERE por parte de Guerrero a Vitalicio. También se debe investigar, según la Fiscalía, los 834.332,84 euros de una subvención para la inclusión en la póliza de dos trabajadores, uno de ellos intruso, Antonio Garrido Santoyo, y un autónomo José Antonio Rivera Martín.
