MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El acuerdo tiene por objeto establecer líneas de colaboración en aquellos ámbitos en que confluyen las competencias atribuidas a una y otra institución, para lo cual ambas se comprometen a darse traslado de aquella información necesaria para dar cumplimiento a la normativa vigente en lo que respecta a la delimitación de funciones de las dos instituciones.
En particular, cuando Antifraude de Cataluña tenga conocimiento de que hechos que está examinando o haya podido examinar puedan tener relación con hechos que esté investigando el Ministerio Fiscal, le comunicará dicha circunstancia, le solicitará información sobre las actuaciones que lleva a cabo al efecto de comprobar la identidad del objeto y, en su caso, paralizará sus actuaciones y pondrá a disposición de la Fiscalía la información de que disponga, si se le requiere.
Asimismo, el Ministerio Público dará traslado a Antifraude de Cataluña del decreto de archivo correspondiente y le remitirá aquella documentación sobre las diligencias de investigación que concluya que los hechos no tienen relevancia penal, pero sí podrían resultar constitutivos de irregularidades, prácticas o comportamientos opuestos a la probidad o contrarios a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al Derecho.
Paralelamente, el acuerdo contempla que si la Fiscalía llega a la conclusión de que los hechos incurren en irregularidades, además de posicionarse procesalmente instando lo que resulte procedente, solicitará a la autoridad judicial que remita testimonio de los antecedentes suficientes a la Oficina Antifraude de Cataluña. Ésta se compromete a dar cuenta al Ministerio Fiscal de cuál haya sido del resultado de sus actuaciones.
APOYAR AL MINISTERIO PÚBLICO CON PERSONAL TÉCNICO
El convenio también contempla la posibilidad que la Oficina Antifraude de Cataluña dé apoyo al Ministerio Fiscal mediante la colaboración que éste pueda solicitar de personal técnico para emisión de dictámenes, informes u otras actuaciones.
Finalmente, ambas partes también colaborarán en la organización de actividades formativas dirigidas al personal de las dos instituciones y se comprometen a hacer un seguimiento de este acuerdo a través de una comisión mixta, que se reunirá de manera periódica.
Para la fiscal general, "con este convenio gana la sociedad y ya empiezan a perder aquellos que se lucran a costa de los fondos públicos". "La corrupción pone en jaque la confianza de los ciudadanos en el trabajo de los servidores públicos, y se debe combatir de manera organizada", ha afirmado.
En el mismo sentido, Gimeno ha asegurado que "la firma de este convenio es imprescindible para que la lucha contra la corrupción avance un poco más y es la mejor manera de atacarla, ya que supone colaboración institucional y una lucha coordinada en defensa del interés común".
