MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La providencia razona que concurre una "especial trascendencia constitucional" por las consecuencias políticas generales de la aprobación de esta normativa, en respuesta al recurso de amparo de la formación política en el que pide que se declare la vulneración de su derecho fundamental a la participación en asuntos públicos en condiciones de igualdad.
El Parlament aprobó el pasado 8 de septiembre la 'Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana' con los 71 votos de JxSí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó y pese a la suspensión que pesaba sobre la misma del Tribunal Constitucional.
La formación naranja junto con PP y PSC no votaron y abandonaron el hemiciclo --como ya hicieron días antes en el debate de la ley del referéndum-- al considerar la normativa inconstitucional y antiestatutaria. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya avanzó en mayo que su partido llevaría al Tribunal Constitucional la Ley de Transitoriedad Jurídica catalana en cuanto entrara en vigor.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el tribunal de garantías se dirige al Parlamento de Cataluña para que, en un plazo no superior a los diez días, remita certificación del acuerdo del Pleno del Parlament del 7 de septiembre del pasado año sobre la alteración del orden del día, así como acuerdo sobre la supresión de trámites legales y sobre la decisión de la Mesa del Parlament también en esas fechas de denegar el traslado de solicitud de dictamen.
Se refiere la providencia a la alternación del orden del día del pleno de ese viernes para introducir la votación de la ley de transitoriedad después de que la entonces portavoz de JxSí en el Parlament, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel registraran la petición en la cámara regional.
La referida ley definía un corpus legal transitorio hasta la redacción definitiva de una eventual Constitución catalana, prevista para antes de 2019. Con su aplicación se buscaba que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pasara a ser automáticamente el jefe del Estado; se asumiera el control de fronteras y aduanas, y se expulsara al Ejército hasta que una futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio o se prescindía de él.
