MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El CGPJ ha emitido un comunicado tras las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el juez de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo Martínez, al señalar que tiene algún "problema singular" y "todos lo saben".
Unas palabras que han generado rechazo por parte de las siete asociaciones de jueces y fiscales, que han pedido la dimisión del ministro. Ante esta situación, la Comisión Permanente del CGPJ ha apelado a la "moderación, prudencia y mesura" y a la "responsabilidad institucional" para evitar "la utilización política de la Justicia" o "el cuestionamiento de la independencia, imparcialidad y la profesionalidad" de jueces y magistrados que "trabajan para lograr una justicia de calidad".
El órgano de gobierno de los jueces ha apuntado que la reacción de rechazo a esta sentencia que se ha visto en las calles de las principales ciudades españoles, con protestas ante la condena a nueve años de los miembros de 'La Manada' por abuso obliga a emprender una reflexión.
"Parece evidente que los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos deben hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria", ha admitido el CGPJ en su comunicado.
No obstante, el órgano de gobierno de los jueces ha defendido que esa reflexión se realice por los cauces establecidos. "Esos mismos acontecimientos hacen igualmente evidente que es necesario dirigir ese esfuerzo por los cauces de reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos", ha argumentado.
Igualmente, ha recordado que el pasado viernes ya hizo un llamamiento a la prudencia de los responsables públicos para que en sus manifestaciones no pusieran en entredicho la credibilidad del sistema judicial ante los ciudadanos, dentro del respeto y legitimidad a la crítica de las decisiones judiciales.
Asimismo, en ese pronunciamiento producido el pasado día 27 el CGPJ defendía que la sentencia se había dictado dentro del marco de garantías y de sumisión a la Ley que recoge el Estado de Derecho, que incluye el debido sistema de recursos que permite asegurar el acierto de las resoluciones judiciales.
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