Diario del Derecho. Edición de 16/07/2018
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Independencia judicial agredida; por Ramón Rodríguez Arribas, Ex-Vicepresidente del Tribunal Constitucional

03/05/2018
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El día 2 de mayo de 2018, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Ramón Rodríguez Arribas, en el cual el autor dice que cuando el respeto a los tribunales se pierde, los que pierden no son los jueces, lo que se compromete es el derecho de todos, empezando por los más débiles.

Hace muchos años, no consigo recordar el título del libro ni el autor, leí una dedicatoria que me ha hecho reflexionar durante el largo tiempo en que he ejercido como juez. Decía así: “A todos los que ejercen el noble oficio de juzgar, en el que se acierta y se yerra públicamente”; seguramente se inspiró en esta frase la definición de independencia judicial que acuñamos en la Asociación Profesional de la Magistratura: “Es el derecho que corresponde a los ciudadanos para que los jueces acierten o se equivoquen sin presión de nada, ni de nadie”.

Efectivamente, la independencia de los jueces no es un derecho de estos, y menos un privilegio; es una garantía y, por eso, los que pueden exigirla como derecho son los ciudadanos, que el día que puedan verse comprometidos en una acusación de delito comprenderán la importancia que tiene preservar a los que han de juzgarles de cualquier presión que altere su serenidad de juicio. Esa presión no solo puede venir desde ámbitos políticos, desde el poder ejecutivo o incluso desde el legislativo; puede ser también una presión de los llamados poderes fácticos y hasta es peligrosa la simple presión social, porque puede alterar el único sometimiento al que los jueces se deben y que proclama el artículo 117 de la Constitución, “el imperio de la Ley”. Seguramente por eso nuestros constituyentes quisieron establecer una Justicia esencialmente profesional, de técnicos en Derecho, dedicados exclusivamente a ejercer el poder judicial, con la plena legitimidad que emana de la propia Constitución.

En los pasados días una sentencia, dictada por un tribunal colegiado, deliberada a lo largo de meses, tras un juicio con todas las garantías, que está relacionada con un delito contra la libertad sexual, ha provocado una reacción en la calle, en los medios de comunicación y en las públicas opiniones de algunos dirigentes políticos, que está generando un inusitado y peligrosísimo ataque a la independencia judicial, cuyo respeto no puede limitarse a aquellas resoluciones que nos gustan o que satisfacen nuestros deseos; precisamente es más necesario cuando lo que deciden los jueces despierta el rechazo, más o menos espontáneo, de un sector, también más o menos numeroso, de ciudadanos. Para poner remedio a una resolución equivocada o insatisfactoria están los recursos ante tribunales superiores, que ya se han anunciado tanto por las acusaciones como por la defensa y que son otro de los instrumentos que protegen, por un lado, los derechos de las víctimas, y por otro, el derecho constitucional a la presunción de inocencia de los acusados, cuyo cuestionamiento y no digamos ya su negación inicia el camino hacia daños irreparables en el Estado de Derecho. ¿De verdad cree alguien que con esta algarabía se garantiza la imparcialidad, el sosiego y el acierto del tribunal que ha de conocer los recursos?.

Aunque se está llegando a decir que lo que ha producido más irritación es el texto del extenso voto particular discrepante de uno de los magistrados integrantes del tribunal, es lo cierto que, segundos después de conocerse solamente el fallo, con los nueve años de condena a pena de cárcel, una multitud a las puertas del Palacio de Justicia de Pamplona prorrumpió en gritos contra el tribunal, intentando hasta asaltar el edificio, y en pocas horas y sin haber leído ni la sentencia ni el voto particular, se generalizó la protesta en numerosas ciudades, con un terrible denominador común: la descalificación personal de los que han formado parte del tribunal y con una deriva argumental, al menos en parte, en relación con el titulado “sistema heteropatriarcal” y su oposición con la “ideología de género”, posturas que podrían situar el debate en un terreno por completo ajeno al análisis jurídico de los hechos y a la legítima crítica de las resoluciones judiciales, para adentrarlo en el enfrentamiento partidista, que es una de las cosas que más es necesario alejar del funcionamiento de los tribunales, a menos que se pretenda sustituir la Justicia del Estado de Derecho por la de tribunales populares, porque eso ya sí que sería más propio de cualquier totalitarismo.

El respeto y la protección que merece la muchacha sometida a la doble tortura de lo sucedido en los sanfermines y su posterior juicio ante un tribunal tiene que guardar un delicado equilibrio con los derechos de defensa y a la presunción de inocencia de los supuestos autores, equilibrio que no puede lograrse con la escandalera producida y que no parece amainar. Pero es que, además, ya no se limita el asunto a la descalificación de los miembros del tribunal, de cuya salud mental en algún caso se llega a dudar, sino que lo que se está cuestionando es al entero sistema judicial español, y con ello, a cualquiera de los jueces que lo integran, a los que se considera necesitados de un reciclaje que ofende su prestigio y dignidad; descalificaciones y cuestionamientos que unidos a los que están sucediendo en relación con el proceso secesionista de Cataluña, también contra jueces y tribunales, hace temer que estemos a las puertas de una gravísima crisis que las instituciones, los dirigentes políticos y el conjunto de los ciudadanos debemos evitar, por el bien de todos.

En efecto, una democracia es un sistema de libertades, que ha de empezar por la de expresión, con elecciones libres y con el gobierno de la mayoría y el respeto a los derechos de las minorías, pero una democracia no es solo eso, es también un sistema de orden jurídico, en el que las leyes se aplican por jueces independientes y cuyas resoluciones son respetadas. Y ese respeto no puede consistir en una frase, anticipo de vejaciones verbales para los propios jueces, porque cuando el respeto a los tribunales se pierde, los que pierden no son los jueces, lo que se compromete es el derecho de todos, empezando por los más débiles. La razón, la verdad y la justicia no pueden ser patrimonio de los que más gritan o de los que más actúan, y o es de todos en la Ley o acaba siendo solo de unos pocos en la dictadura.

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