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Autogobierno: episodio III; por Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo y académico de número de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

09/04/2018
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El día 7 de abril de 2018 se ha publicado, en el diario La Vanguardia, un artículo de Santiago Muñoz Machado en el cual el autor considera que estamos claramente, y sería honesto reconocerlo lo antes posible, en los inevitables comienzos del episodio tercero de la historia política de Catalunya en el marco de la Constitución vigente.

AUTOGOBIERNO: EPISODIO III

Desde la Constitución de 1978 hasta la actualidad, las ideas políticas sobre la gobernación de Catalunya han pasado por dos etapas: la primera, larga y esencialmente estable, empezó con el Estatut de 1979, que imitaba, más o menos, las soluciones del que se elaboró en Núria en 1931 y las Cortes aprobaron en 1932. De este episodio es simple continuación el Estatut del 2006, que se ha interpretado indebidamente como un gran avance sobre el anterior, exagerando sus virtudes cuando era más cierto que, al margen de contener muchos más artículos y usar más palabras, establecía muy pocas regulaciones que no pudieran alcanzarse desde el pacífico texto de 1979. Las leyes no son mejores, ni más precisas, ni tienen más contenido, ni atribuyen mayores poderes por el simple hecho de ser más extensas.

La segunda etapa se inició cuando, tras la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, y el fracaso de algunas negociaciones con el Gobierno del Estado, apareció en escena la política sobre el derecho a decidir, que arrastró a multitudes de catalanes y alcanzó su cénit el 1 de octubre del 2017 con la celebración, en términos que el TC ha declarado reiteradamente incompatibles con la Constitución, de una consulta a la población con resultados abrumadoramente favorables al derecho a decidir y, por consiguiente, a la posible creación en Catalunya de un Estado independiente.

Estas ideas han sido defendidas por los líderes del procés con una fe que han logrado transmitir a una parte importantísima de los votantes catalanes, cifrada, en términos redondos, en dos millones de personas. ¿Quién en su sano juicio puede menospreciar este singular fenómeno político? ¿Quién puede desconocer que también han ganado la batalla de la comunicación en Europa, donde una parte importante de la opinión pública cree que la represión del independentismo catalán está siendo excesiva y no democrática? Las respuestas del Estado a la declaración de independencia, acordada en el Parlament, y sobre cuya eficacia real mantienen discrepancias incluso quienes participaron en su votación, han sido de dos clases: una gubernamental y parlamentaria, consistente en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha permitido sustituir al Gobierno y altos responsables de la Administración de la Generalitat por administradores provisionales dependientes de la Administración del Estado. La otra judicial, centrada en la apertura de procesos penales por diversos delitos. Unas y otras medidas han corrido una suerte diversa: la aplicación del 155 se ha desarrollado de manera reservada y eficaz para sus fines; la utilización de la vía penal, en cambio, ha sido acompañada de gran estruendo mediático hasta llegar a la traca final, que se pro­dujo el jueves 5 por la tarde cuando se conoció la decisión de un tribunal del land alemán de Schleswig-Holstein negatoria de que los hechos que se imputan a Carles Puigdemont puedan ser calificados como delito de rebelión (o del equivalente en Alemania a ese delito, para ser más exactos).

Sobre este asunto se puede discutir mucho. Ya se estaba debatiendo entre nosotros si concurría o no el requisito de la violencia que es esencial en ese tipo delictivo. Había expertos que afirmaban que el Tribunal Supremo español se había equivocado. Se puede también trasladar el problema a la insolidaridad europea o sostener que no funciona correctamente la fórmula de la orden de detención y entrega.

No puede negarse que quienes han echado las campanas al vuelo celebrando la decisión de la justicia alemana tienen algunas razones importantes para hacerlo. Pero sería un gran error exagerar las consecuencias de lo ocurrido y creer que el Estado ha sido vencido. Probablemente veamos, a no tardar, alguna decisión más, incluso de tribunales internos, desautorizando otras actuaciones estatales en relación con el procés. Pero no hay que equivocarse al valorar el traspié. Seguirán avanzando, lenta pero inexorablemente, los procesos penales, se llegará a las penas de prisión y a las de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Acusadores y tribunales re­cargarán, cuando sea preciso, sus argumentarios o los revisarán. Pero continuarán adelante. Sin duda posible. Si el camino inicialmente emprendido era equivocado, elegirán otro. Lo mismo que harían los tribunales alemanes o los belgas si tuvieran que enfrentarse a situaciones parecidas. Creo, no obstante, que la decisión del jueves sobre Puigdemont puede marcar el cierre de la segunda etapa de las tensiones que se han vivido desde el 2010 en torno al independentismo como alternativa al autogobierno regido por la Constitución y el Estatut. Estamos en los comienzos del episodio tercero del serial.

El independentismo ha recibido una gran satisfacción por la gracia de un tribunal alemán (¡alemán, para mayor gozo!) pero a poco que sus líderes reflexionen sobre la situación general más allá de ese importante suceso, verán que es imprescindible rectificar y buscar alternativas inmediatamente. El 1 de octubre del 2017 y sus complementarios quedarán en el imaginario del independentismo, se alzarán monumentos y escribirán memoriales (lo que ya está pasando y es la mejor señal de la adscripción al pasado de lo que ese día representó) y, poco a poco, se tendrá que dar paso franco a una fase nueva. No suele ocurrir que los episodios históricos se sucedan unos a otros de forma radical, estableciéndose fronteras temporales rígidas: lo común siempre ha sido que las viejas y las nuevas ideas convivan después de que aquellas han sido arrumbadas.

Pero estamos claramente, y sería honesto reconocerlo lo antes posible, en los inevitables comienzos del episodio tercero de la historia política de Catalunya en el marco de la Constitución vigente.

El reto ahora es nutrir este periodo de buenas ideas sobre la articulación de las relaciones entre Catalunya y el Estado. La primera exigencia para encontrarlas es que se abandonen los tópicos, las frases hechas, se sustituya el lenguaje políticamente correcto, desde el punto de vista dominante hoy en Catalunya, por una apelación más seria a la realidad, se abandonen los mitos insustanciales y se busquen soluciones inteligentes.

La segunda será volver a estudiar todo lo que se ha analizado mal y aceptar las consecuencias poniendo sobre la mesa de negociación modelos útiles y reales, no imaginarios. La tercera, en fin, será buscar a alguien que aporte esas ideas nuevas y las escriba.

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