MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La asociación progresista volvió a presentar el conflicto el pasado mes de abril tras constatar "la falta de eficacia del plan de prevención de riesgos laborales". Se trata de la segunda acción judicial instada en el mismo sentido, si bien la primera fue retirada en febrero de 2015 tras adoptarse medidas por parte de la Administración.
En ella aparecen como partes interesadas el resto de asociaciones de la Carrera, que son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV).
En concreto, solicitan que se declare que el CGPJ ha incumplido las obligaciones del Plan de Prevención de Riesgos Laborales que este mismo organismo previó para el periodo 2015-2016 y que se le condene a "la inmediata regulación de la carga de trabajo" de los jueces a efectos de salud laboral.
También, piden que la Audiencia Nacional declare que los jueces y magistrados incluidos en los informes internos del CGPJ de septiembre de 2014 que sobrepasaron el 150 por ciento de la carga de trabajo se encuentran en "situación grave de riesgo para la salud" así como la vulneración de su derecho fundamental a la integridad física y moral.
"PENOSIDAD DEL DESTINO"
La carga de trabajo debería ser fijada, según los demandantes, teniendo en cuenta criterios personales del juez como "la penosidad del destino, la complejidad litigiosa, la experiencia en el órgano, la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, problemas estructurales del juzgado, reformas legislativas y otras análogas".
Respecto al Ministerio de Justicia, los jueces reclaman a la Audiencia Nacional "estar y pasar por las anteriores declaraciones en el ejercicio de sus competencias como miembro de la comisión de seguimiento del sistema de prevención de riesgos laborales para los miembros de la Carrera Judicial".
La decisión de incidir en esta demanda se produjo después de que transcurriera un año desde que el CGPJ aprobara la elaboración de unos nuevos módulos de rendimiento para determinar la carga de trabajo en los juzgados a los efectos de la salud y seguridad de los jueces.
Según los resultados obtenidos de "la encuesta de ámbito nacional de todos los jueces o magistrados en servicio activo de 2015" promovida por el CGPJ, un 70 por ciento de los encuestados considera que su carga de trabajo habitual es excesiva.
Un informe del propio CGPJ de septiembre 2014, basado en mediciones de las cargas de trabajo de entrada de juzgados y tribunales durante el año 2013, apuntaba que el 43,53 por ciento de los órganos judiciales superan el 150 por ciento de las cargas de trabajo razonables, y que un 23,64 por ciento se sitúa por debajo del cien por cien, por lo que hay otro 32,83 por ciento que se halla entre el cien por cien y el 150 por ciento.
Estos valores evidencian que una mayoría "alarmante" del 76,36 por ciento, de los jueces de este país ejercen sus funciones jurisdiccionales en condiciones "tóxicas" desde un punto de vista psicosocial, dice JpD.
