PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)
Mediante un auto dictado este miércoles, el magistrado ha desestimado así el recurso que interpuso la encausada -mujer del extesorero del PP Fernando Areal, hermano a su vez de la esposa de Matas, Maite Areal- contra la resolución con la que Castro abrió paso para sentarla en el banquillo junto al propio Matas y el administrador de Over, Daniel Mercado, por presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad.
La Abogacía de la Comunidad Autónoma impugnó el recurso de Padilla al alegar que la intervención de ésta en los hechos investigados pueden ser constitutivos de infracción penal, por lo que debe ser juzgada por los mismos.
En concreto, las pesquisas se enmarcan en la subpieza número dos del caso Over -a su vez pieza 27 del caso Palma Arena, considerada la ramificación de la trama Gürtel en Baleares-, centrada en los distintos fraccionamientos de contratos que, por un valor total de unos 100.000 euros, fueron adjudicados de forma directa tanto a Over como a empresas vinculadas a ésta.
"Absolutamente todas las empresas que emitieron y cobraron las facturas pertenecen al entramado societario regentado por don Daniel Horacio Mercado", recalca al respecto el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el auto con el que ponía fin a las investigaciones y daba el primer paso para sentar en el banquillo a Matas, Padilla y Mercado, al que tuvo acceso Europa Press.
En su resolución, el magistrado se muestra tajante al aseverar que, "ante la incógnita de por qué doña Encarnación Padilla se prestaba a este tipo de irregularidades, la respuesta hay que encontrarla en que seguía instrucciones del entonces presidente del Govern, don Jaume Matas, casado con las hermana del gertente del PP balear, a su vez esposo" de Padilla.
Es más, recuerda cómo Matas se había concertado con el dueño de Over en la campaña previa a las elecciones autonómicas de 2003, quien se prestó a no facturar por sus servicios de cara a los comicios, hacerlo por menor coste o cobrar parte del importe con dinero negro a cambio de, "a través de la amplia gama de empresas que controlaba", resultar adjudicatario "de todas las contrataciones públicas posibles" en las islas durante la legislatura 2003-2007.
De forma paralela, otra de las diligencias llevadas a cabo por Castro recientemente en el marco del caso Over ha sido la citación como testigo, el próximo 24 de mayo, del que fuera director general de Comunicación durante ese mandato, Joan Martorell, así como la solicitud al Govern de la documentación relativa a la campaña de publicidad, adjudicada a Over, de un proyecto de administración digital impulsado por el Ejecutivo autonómico, denominado 'Ciberpime', que costó a las arcas públicas un total de 109.138 euros.
FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS
Según las pesquisas, el pago fue fraccionado en varios contratos menores con el objetivo de poder adjudicarlos de forma directa y sin concurso.
Más en concreto, los documentos reclamados son una factura de Traci Comunicación librada contra la empresa pública ParcBit por importe de 11.899 euros; otra de Link América contra ParcBit por 10.842; una tercera de Abanico SL contra Bitel Balear Innovación Telemática por 2.945 euros; otra librada por Traci contra Bitel por 2.957 euros; otra de Link América también contra Bitel por 2.969, y una última de Over contra Bitel por 2.957 euros.
Los investigadores apuntan a que parte del dinero público que recibió la agencia de publicidad habría acabado en manos del PP balear. Precisamente, en el marco de la causa se encuentran también la exconsellera de Salud Aina Castillo así como el que fuera presidente del PP de Palma y conseller de Interior, José María Rodríguez, quien en julio de 2012 dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller.
PAPEL DE JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
Según confesó Mercado ante el juez, Fernando Areal era quien establecía los pagos en dinero A y B dentro del PP, si bien en una ocasión fue José María Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro en las antiguas oficinas del partido.
De hecho, apuntó que éste último era el dirigente que "realmente tomaba las decisiones en el PP" y los presupuestos que Mercado presentaba a los exaltos cargos del PP en relación con los comicios eran supervisados por Rodríguez, ya que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas electorales".
Precisamente, los investigadores tienen en sus manos un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, según explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez", aseveró.
Dentro de estas actuaciones judiciales se encuentran bajo lupa judicial diversas Consellerias que intervinieron en la adjudicación de contratos a Over. Más en concreto, se indagan las partidas públicas que se destinaron a esta empresa por publicidad institucional y si éstas fueron destinadas al objeto para el que fueron otorgadas.
Fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del llamado caso Ibatur (en verano de 2010), los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.
