¿SIN PRUEBAS?
La sentencia no se ha publicado aún. Sabemos que Álvaro García Ortiz, todavía fiscal general del Estado, ha sido condenado por un delito de revelación de secretos del art. 417.1 del Código Penal, pero no se conocen ni los hechos declarados probados ni la fundamentación jurídica de la sentencia, espacio en el cual se valora la prueba por el tribunal sentenciador. Pero esa minucia no ha impedido que algunos altos cargos del Gobierno sostengan que la condena se ha producido “sin pruebas”, llegando incluso el ministro Óscar López a señalar que “si se atreven a condenar sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?”.
Es difícil transmitir menos confianza en el Estado de derecho, ser menos respetuoso con la independencia judicial y con la división de poderes, y ser menos prudente desde la posición que ocupa que lo señalado por ese ministro. Ese es el ministro que era jefe de Pilar Sánchez Acera, la testigo que se había “olvidado”, cuando declaró ante el Tribunal Supremo, de qué persona le había pasado para un uso político el correo del abogado de González Amador dirigido al fiscal, sin que Óscar López haya aclarado qué le dijo al respecto su jefa de gabinete. Por debajo, otros ministros tampoco han sido respetuosos con el Tribunal Supremo, incluido el propio ministro de Justicia.
Si el fundamento de esa crítica despiadada fuera mostrar la politización de la justicia, oiga, procedan a despolitizarla: vuelvan al sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial en la forma diseñada en la Constitución. ¿A que eso no? ¿Y el fiscal, condenado por un caso clamoroso de ‘lawfare’ contra una rival política? ¿Eso no molesta? Me pregunto si estarían dispuestos a pactar un fiscal general con la oposición, aceptado por una mayoría de la Cámara. Es verdad que entonces no podrían hablar de “su” fiscal general, pero todos podríamos llegar a pensar que, por fin, tendríamos un fiscal general del Estado no partidista.
Detrás de esa palabrería ofensiva -como la que hemos escuchado contra la fiscal Almudena Lastra, que declaró en el juicio asumiendo todos los riesgos profesionales; o la que se vierte contra el instructor, Sr. Hurtado, que ha tenido que soportar, del propio fiscal general del Estado, una acusación de parcialidad; o contra los magistrados del Tribunal Supremo, acusados de “golpismo judicial” (me da vergüenza incluso escribir esto, porque procede de alguien al que respeto)- están los intentos de favorecer a una causa política en perjuicio de otra. Pero lo que se sacrifica en esta dialéctica de cuñado es algo más valioso que la causa progresista o conservadora: es la misma esencia de la democracia, el Estado de derecho, vapuleado por personas que ostentan posiciones de poder en España. Por mi parte, me alegro de que el Poder Judicial resista los embates, cada vez menos disimulados, para conseguir una judicatura a la venezolana.
He podido escuchar hoy, brevemente, el acto de entrega de los toisones a los padres de la Constitución que aún están entre nosotros. Palabras como “entendimiento”, “tolerancia”, “respeto”, “acuerdos”, “consensos” y otras semejantes me recordaron durante un momento que la política, antes, era otra cosa. La dureza podía ser máxima en el debate público, pero los muros entre españoles se consideraban cosas de un pasado incompatible con la paz civil, quizá porque esa generación huía de un régimen dictatorial y abrazaba la democracia. La actual actúa como si el tesoro de la libertad fuera un don concedido y no algo que hay que preservar cada día.
