VALENCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat alegó que la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV no había motivado una de las cuestiones que le sirvieron para estimar el recurso del sindicato ya que la sentencia no justificaba el porqué se exige el rango de Decreto para regular el personal estatutario, sin distinguir entre funcionarios y personal estatutario.
La sala valenciana entendió que únicamente la "premura y celeridad" en la elaboración de la orden recurrida proporciona al "inadecuado" rango elegido para regular la materia que "debió instrumentalizarse con mayor sosiego en su tramitación".
Al respecto, el TS argumenta que la sentencia motiva "suficientemente" la exigencia del nivel normativo, aunque otra cosa es que la administración recurrente discrepe de los fundamentos.
El TSJCV también atendió al hecho de faltar el informe del CJC, que consideró necesario dado el carácter de la orden "como norma ejecutiva" y vinculada al interés general que conlleva la adecuada prestación del servicio público sanitario.
El TS coincide con el TSJCV en que el análisis de la orden revela que no tiene carácter "simplemente organizativo en el ámbito de la Conselleria" ni un "mero desarrollo" del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos de la Conselleria sino que regula cuestiones materiales de la jubilación, que exigía "una regulación por norma de superior rango" y al tratarse de una disposición general, del informe preceptivo del CJC.
CSI·F ha calificado en un comunicado de "gran noticia" el dictamen del Supremo, ya que considera que la orden de jubilación forzosa "ocasionaba un grave perjuicio a los interesados porque les priva de su derecho a continuar en el servicio a pesar de estar en perfectas condiciones para hacerlo". "También permitirá a la sanidad valenciana aprovechar el bagaje de estos profesionales más años para ofrecer una atención más adecuada al ciudadano", ha revindicado.
