MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Abogacía recurrirá esta sanción porque considera que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la Orden Ministerial del 3 de junio de 1997, que regulan el turno de oficio, contempla una serie de normas específicas de organización y prestación para garantizar un servicio público y de calidad.
Para la institución, que preside Carlos Carnicer, eliminar estas garantías permitiendo que los ciudadanos sean representados por abogados que están a "decenas o cientos" de kilómetros y no los conocen personalmente perjudica al servicio y a un colectivo "tan vulnerable" como son los usuarios que carecen de recursos económicos.
FORMACIÓN Y DEMARCACIÓN
La Abogacía cree que el ordenamiento vigente no justifica la imposición de la resolución sancionadora y está colaborando con la CNMC para buscar soluciones alternativas, según ha informado en un comunicado.
La CNMC cree que el requisito de que el letrado del turno de oficio esté adscrito en una corporación colegial y cuente con determinada experiencia profesional supone una "barrera injustificada" en el acceso al servicio, compartimenta geográficamente el mercado y restringe la competencia contraria al principio de colegiación única previsto en la Ley de colegios Profesionales.
Por su parte, la Abogacía defiende que el ordenamiento vigente ampara estas directrices que tienen como objetivo garantizar un servicio de calidad al usuario. Pone como ejemplo que la exigencia de formación en violencia de género deriva en que el ciudadano sea asistido por un abogado experimentado en esta materia, según informaron a Europa Press fuentes del Consejo.
