MADRID, 16 Jul. (EURPA PRESS) -
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cifuentes ha explicado que ahora este anteproyecto se va a remitir a los organismos preceptivos para que hagan sus informes de cara a una aprobación definitiva y se pueda remitir a la Asamblea de Madrid, que debe debatirlo y aprobarlo.
Este órgano consta de 44 personas y su coste anual es de 2,3 millones anuales para la Comunidad y con esta medida se busca "racionalizar la propia estructura de la Comunidad y evitar las duplicidades".
Sus funciones serán asumidas por el Consejo de Estado, por lo que, ha asegurado, "se mantendrían, sin duda alguna, las garantías de independencia e imparcialidad".
Los letrados de este organismos pasarán a depender de la Abogacía General de la Comunidad y los funcionarios serán adscritos provisionalmente de la Consejería de Presidencia y Justicia y posteriormente, serán reubicados.
Los plazos de aprobación dependerán del calendario de sesiones de la Asamblea de Madrid, que es quien debe aprobarlo, pero el portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, ha señalado que "seguramente, en septiembre" será aprobado por el Consejo de Gobierno par remitirse a la Cámara parlamentaria.
AÚN NO ESTÁ FIJADO EL ESTATUS DE LOS EXPRESIDENTES
En cuanto a la situación en la que quedan los expresidentes, Cifuentes ha señalado que la ley "no prevé contemplar la situación futura de los expresidentes" porque "son cuestiones muy diferentes". Según ha apuntado, "una cosa es la existencia del Consejo, quién va a sumir las funciones, y qué va a pasar con el personal que presta su función de manera retribuida con vínculo de carácter laboral" y otra, la situación de los expresidentes.
"Es un proyecto de ley muy sencillo que intentaremos que se tramite por los mecanismos para la tramitación de proyectos de ley que no tienen demasiada complejidad en cuanto a la forma", ha explicado Cifuentes, quien ha señalado que la "regulación del estatus de los expresidentes es un asunto que hay que abordar y hacerlo en términos muy similares a como se está haciendo en otras comunidades y países europeos".
No obstante, ha apuntado que antes de hacerlo, hay que "hablar con el resto de grupos porque el planteamiento no es algo sólo de PP", sino que "necesariamente hay que acordarlo con los otros grupos. Es algo que tienen que abordar "en las próximas semanas de manera paralela" a la ley de supresión del Consejo.
A este respecto, ha señalado que a día de hoy sólo han formulado un "comentario genérico" con Ciudadanos, peor no se ha abordado nada concreto de la forma en la que se plantearía el estatus de los expresidentes.
De momento, la semana que viene tiene una reunión con los expresidentes Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón, después de que ellos lo solicitaran.
