MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La creación del Instituto de Medicina Legal supondrá la centralización de las funciones que en materia de medicina legal realizan, por separado, el Instituto Anatómico Forense y la Clínica Médico Forense, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
Además de a estos órganos, los médicos forenses se encuentran adscritos a Juzgados de Primera Instancia especializados en tutelas e incapacidades, de Instrucción, de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria y de Primera Instancia e Instrucción.
Una de las ventajas de la creación del Instituto de Medicina Legal es "acabar con la dispersión, lo que supondrá una mayor especialización y eficacia".
Además, se reorganizarán las secciones de los servicios de Clínica Médico-Forense, Especialidades Forenses y laboratorio Forense, creándose dos Secciones en el Servicio de Clínica Médico-Forense, la Sección Clínica Médico-Forense I, para el partido judicial de Madrid, y la Sección Clínica Médico-Forense II, para el resto de la región.
OFICINA FISCAL
En el caso de la Oficina Fiscal, la Comunidad de Madrid es la única región uniprovincial que tiene desdobladas la Fiscalía de la Comunidad y la Fiscalía Provincial, por lo que con este Decreto la región se adapta al modelo estatal que se está desarrollando en todas las comunidades autónomas con competencias en justicia.
La implantación de la nueva Oficina de Fiscalía, que no implicará cambios de sede, sí que supondrá "un profundo cambio en la organización y funcionamiento de sus funciones". Se dividirá en tres áreas funcionales: Apoyo a la Jefatura, Apoyo Procesal y a la Investigación y Soporte General. También se establece la Unidad de Apoyo al Fiscal Superior.
Durante este tiempo, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo varias iniciativas para "garantizar un funcionamiento ágil y eficaz de la Administración de Justicia regional".
Dentro de este proceso de mejora, se incluyen los decretos aprobados hoy destinados a dinamizar los sistemas de organización del trabajo de determinadas estructuras de la Administración de Justicia para adaptarla mejor a las necesidades actuales.
