SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que Álvaro Martín, que es además presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, ha presentado este mismo lunes un escrito en el que solicita la plaza que dejará vacante la magistrada en Instrucción número 6 una vez se incorpore a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió nombrar en julio de 2013 como nuevo juez de apoyo a Álvaro Martín para que Alaya "pueda dedicarse a las macrocausas que viene investigando desde hace tiempo", según señalaba el acuerdo adoptado por los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
De este modo, el CGPJ concedió una comisión de servicio con relevación de funciones al magistrado Álvaro Martín, que ejercía como titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, para que pasara a apoyar al Juzgado de Alaya en sustitución de Rogelio Reyes, que consiguió el traslado a un juzgado de Dos Hermanas.
Fue el pasado día 16 de marzo cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el concurso para cubrir, entre otras, la plaza que dejará vacante la juez Mercedes Alaya, dando entonces un plazo de 15 días naturales a los interesados en la plaza.
Tras ello, será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el encargado de adjudicar las plazas teniendo en cuenta "el mejor puesto en el escalafón", han indicado las fuentes consultadas por Europa Press, que han estimado que la plaza podría estar ya adjudicada en el mes de mayo.
El pasado día 3 de marzo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aceptó la petición realizada por la juez Mercedes Alaya y acordó prorrogar el plazo de la toma de posesión de su plaza de magistrada en la Audiencia Provincial de Sevilla hasta que un nuevo titular se incorpore al Juzgado de Instrucción número 6.
ALAYA, A LA SECCIÓN SÉPTIMA
A partir de la llegada de su sustituto, la juez únicamente podría acudir a la figura de la comisión de servicios para continuar con la instrucción de sus causas, si bien dicha comisión no puede ser solicitada por ella, sino que debería convocarse por el TSJA y estaría abierta a más solicitantes.
La juez Mercedes Alaya, cabe recordarlo, instruye varias 'macrocausas', como el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, con más de 250 imputados, los cursos de formación o la operación 'Madeja'.
El pasado martes, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó el acuerdo-propuesta presentado por el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez y decidió que la juez Alaya quedara adscrita a la Sección Séptima, la Sala que resuelve los recursos del caso ERE y cuyos magistrados ya expresaron su "profunda preocupación" por dicha decisión.
Y es que los magistrados de la Sección Séptima manifestaron "su profunda preocupación por la imagen que la Administración de Justicia pueda dar al adscribir a la instructora del llamado caso de los ERE a la Sala a la que se turnan los recursos de apelación y queja, interpuestos en una causa de tanta complejidad y relevancia no sólo desde un punto de vista jurídico sino en especial por su repercusión política del todo inaudita en el ámbito judicial andaluz".
LA QUEJA
Esta característica es lo que la diferencia, en opinión de estos magistrados, "de otros asuntos de cuya instrucción son o han sido de la competencia de la indicada magistrada y en cuya tramitación de una forma u otra está implicada esta Audiencia Provincial".
En este sentido, "transmiten su pesar porque ello no haya sido tenido en cuenta, incrementándose así, de forma que entienden evitable, la presión propia de su intervención jurisdiccional en un proceso de tanta trascendencia política", añadiendo que la "tramitación de estos recursos es más que posible que se mantenga" una vez que la magistrada Mercedes Alaya se reincorpore tras la prórroga de su cese en el Juzgado de Instrucción número 6.
