AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LOS 300
El Gobierno justifica la nueva ordenación flexible de las enseñanzas universitarias oficiales, esencialmente en estos tres pilares: el ahorro económico que supondrá para los estudiantes; facilitar la movilidad internacional y acceso al mercado de trabajo o a la vida profesional de los egresados; y por último, facilitar el acceso de alumnado extranjero a las universidades españolas. Los dos primeros son equívocos, por las medias verdades que encierran, y el último es más propio de una oficina comercial internacional, que de un servicio público para el que la ciudadanía contribuye a financiarlo con sus impuestos, sin perjuicio de que con ello y como broma macabra se quiera equilibrar la balanza con los egresados que exportamos.
La reforma universitaria que se gestó en los años 90 del siglo pasado, fijó en un mínimo de 180 créditos el título de diplomado o de primer ciclo, y en 300 créditos el de licenciado o segundo ciclo, siendo ese número el requerido para acceder a estudios de doctorado o tercer ciclo. Pasados los años se aprobaron también licenciaturas de segundo ciclo, de 120 créditos, a las que podían acceder diplomados. Pero en todos los casos había una troncalidad común para todas las titulaciones universitarias.
Con la puesta en escena del denominado plan Bolonia, por razones no claramente expresadas y más que discutibles, el Estado, con el Gobierno socialista, renunció a establecer un catálogo de titulaciones, y por ende, a fijar un contenido mínimo en las mismas, limitándose a realizar una evaluación de las propuestas de cada universidad. Homogeneizó los grados en 240 créditos (primer ciclo) y el máster en al menos 60 créditos (segundo ciclo), esto es, el 4+1, si bien existen grados de al menos 300 créditos que pueden tener la equivalencia al máster, si entre los 300 hay al menos 60 que tengan el nivel de máster así reconocido por el Consejo de Universidades. Para acceder al doctorado, pues, siguen requiriéndose 300 créditos.
Esta situación provocó las delicias, cuando no un placer licuante, en gran número de responsables universitarios, al ver que se hacía un reconocimiento tal de su autonomía que les permitía diseñar el contenido y la denominación de los títulos a ofrecer, sin perjuicio de la necesaria acreditación estatal y plácet autonómico para su financiación, y además pasando de 3 a 4 años la estadía mínima de estudiantes en las aulas. Sin embargo, los criterios de financiación de los nuevos estudios se alteraron sustancialmente, pues las comunidades autónomas, con la financiación que proviene de los contribuyentes, asumen parte de la financiación de los grados, en poca medida algunos másteres habilitantes, y en ninguna para el resto, que son la mayoría.
El precio del crédito de grado es muy inferior al de máster, no es gratis ninguno de ellos, y es razonable que la sociedad permita y quiera que sus miembros con capacidad se formen al margen de su disponibilidad económica, y que alcancen el nivel adecuado para acceder a puestos de trabajo, pero también para que puedan contribuir a mejorar la sociedad de su momento y avanzar en la calidad de vida conjunta. Es el retorno que tiene la colectividad de su apoyo a la financiación de estudios de sus miembros. Aunque en los tiempos que corren, son sociedades de otros países las que reciben el fruto de la formación aquí obtenida, y el retorno que se espera es el del emigrante.
La movilidad estudiantil, es cierto, se facilita en los cambios de ciclo, aunque a diferencia de lo que ocurría con las licenciaturas, no se puede pasar al segundo si no se ha finalizado el primero, pero dentro del ciclo constituye una verdadera carrera de obstáculos el reconocimiento de créditos de una universidad a otra, incluso dentro de la misma comunidad autónoma.
El nuevo marco generó la apariencia de que el grado venía a refundir las diplomaturas y licenciaturas, conllevando sin duda sobre éstas una devaluación, pues para determinadas profesiones sigue siendo necesario cursar 300 créditos. Ya no se trataba de que un grado fuese más formativo que otro, pues frente a la evidencia de la diferencia entre 180 y 240, y no digamos 300, se pasa a hablar y distinguir entre formación generalista y especializada.
Incluso admitiendo que todos los estudios que hoy ofrecen las universidades deban ser universitarios, es obvio que hay titulaciones que con 3 cursos cumplen más que adecuadamente las necesidades formativas del estudiante, no obligándole a estar al menos cuatro años, mientras que en otros casos son claramente insuficientes incluso los 240 créditos o 4 años. El decreto ahora aprobado permite a las universidades la organización de grados y ciclos en 3+2 o en 4+1, y aunque los rectores universitarios han acordado no poner en marcha los cambios, ya hay disidencias. Es aquí donde la reivindicada autonomía universitaria se convierte en la enemiga ante la reducción de créditos que puedan hacer algunas de ellas, fundamentalmente las privadas, pero no sólo, pues las comunidades autónomas sin duda sugerirán la reducción de grados a 180 créditos para reducir su aportación económica, que incrementará más que proporcionalmente la de los estudiantes que tengan que cursar 300 créditos. Prevalecerá la financiación sobre el contenido de los estudios.
Con la reforma ahora diseñada por el Gobierno popular, como Ulises, volvemos al punto de partida, y en el camino con tantas pérdidas y destrucción como en la Odisea. No hay una mínima homogeneidad en los estudios universitarios, la movilidad sólo es posible con el ciclo superado, y quien quiera un segundo ciclo que se lo pague, si puede, y si es necesario por ser habilitante, pues que contribuya más para financiárselo, a diferencia de los países de nuestro entorno, en los que la diferencia de precio no existe o es mínima.
Quizá lo peor esté aún por llegar, pues la apertura de ojos que provocará el 3+2, lo más probable es que lleve a que en breve ya no se equipare el título de grado al de licenciado para concurrir a determinados puestos o a oposiciones que hoy todavía podemos ver que los equiparan en la escuálida oferta de empleo público. En ese caso, no sabemos quién responderá ante los graduados a los que en la justificación de la reforma se les sigue diciendo que las titulaciones de grado son las que permiten el acceso al mercado de trabajo, pero no a cuál. ¿Será un nuevo colectivo que se añadirá al de los preferentistas, al de accionistas iniciales de Bankia, al de los dependientes y un largo etcétera?
