SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
Con estos 55 despidos se elevaba a 240 el número de puestos de trabajo estables destruidos por la empresa mediante los tres ERE acometidos desde 2010. Sobre este litigio judicial, además, cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya declaró no ajustado a derecho el ERE de 2013, si bien no anuló sus 66 despidos y este pronunciamiento sólo permitía a los afectados acceder a indemnizaciones más cuantiosas.
Entretanto, España y Estados Unidos negocian el uso de la base aérea como cuartel permanente de la fuerza estadounidense de intervención en África y la plantilla reclama que esta negociación incluya la readmisión de los trabajadores despedidos y la "equiparación" de las condiciones de la plantilla con las de los trabajadores de Rota (Cádiz) y del resto de bases estadounidenses en Europa, lo que implica su transformación en "personal laboral local".
La empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo (ERE) "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.
Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE, como así fue con 55 nuevos despidos, para que los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.
