MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
En un auto, conocido este martes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal estima parcialmente los recursos presentados por Cameno y otro imputado José Ramón Mora, a los que se adhirió la Fiscalía en virtud de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que considera nulas las grabaciones ambientales --aquellas que no son pinchazos telefónicos-- efectuadas a sospechosos.
El tribunal, formado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma y Juan Francisco Martel, recuerda que los micrófonos no se llegaron a instalar en dos de los turismos y añade que la nulidad del dispositivo colocado en el tercero no es "extensible", en principio, al resto de diligencias de investigación. En cualquier caso, deja en manos del juez Pablo Ruz un ulterior pronunciamiento sobre esta cuestión.
Antes de su detención, llevada a cabo el pasado octubre, el Juzgado de Instrucción número 5 de Majadahonda (Madrid) autorizó la colocación de dispositivos electrónicos para captar el sonido ambiental del interior de tres vehículos, de las marcas Mercedes Benz, Volswagen Golf y Jeep Grand Cherokee, utilizados por los imputados, a quienes se incautó una "gran" cantidad de cocaína.
Ahora, la Audiencia Nacional constata que tales autos han de ser declarados nulos ante la inexistencia de una habilitación legal dirigida a grabar las conversaciones en los vehículos y entiende que guardan una "intima relación" con esta jurisprudencia del Alto Tribunal.
En cuanto a que el vicio de nulidad se extienda a otras diligencias, los magistrados concluyen que no pueden pronunciarse de forma "tajante" sobre esta cuestión debido a la "carencia de elementos de convicción suficientes". Eso sí, con la escasa documentación que obra en las actuaciones, creen que no resulta apreciable la "conexión de la antijuricidad" entre el resultado de la grabación y otras pruebas.
OPERACIÓN POLICIAL
Los recurrentes fueron detenidos en una operación conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que se saldó con once detenidos y cien kilos de cocaína y 148.000 euros en efectivo incautados. La operación, en la que también se intervino una pistola con silenciador y varios automóviles de alta gama, se desarrolló en las provincias de Madrid, Cádiz y Valladolid.
La investigación desveló que la organización contaba con una red de blanqueo, compuesta por expertos abogados y traders, sospechosa de negociar con productos financieros por un valor superior a los 1.000 millones de euros.
La cabecilla de la trama, junto a su pareja sentimental, contaba con una poderosa infraestructura de inmuebles para traficar con estupefacientes y aparecía vinculada a otras dos operaciones policiales desarrolladas en 2011, denominadas Colapso y Azaleas, que permitieron desmantelar el mayor laboratorio clandestino de procesamiento de clorhidrato de cocaína de Europa.
