MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), Francisco Vieira, ha defendido este martes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los pagos que reciben jueces y otros juristas de la empresa Indra para mejorar los sistemas informáticos del Gobierno regional responden a tareas de creatividad, y no de asesoramiento, compatibles con sus funciones, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Así lo ha manifestado el magistrado durante el interrogatorio al que ha asistido en el marco de la investigación abierta de oficio por parte del promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, para averiguar si Vieira, y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010.
Tanto a su entrada como a su salida de la sede del Poder Judicial, el máximo responsable Vieira se ha negado a responder a las preguntas formuladas por los periodistas.
Ante el CGPJ, donde ha declarado durante más de una hora, habría trasladado el contenido del comunicado emitido ayer después de que el diario 'El País' publicara que la Comunidad de Madrid habría hecho unas aportaciones económicas a jueces, fiscales y secretarios judiciales por unas tareas que habrían supuesto un desembolso de unos 200.000 euros.
En dicho escrito, el presidente del TSJM justificaba los pagos en que se trataba de tareas que no correspondían con su cometido como magistrados. Además, sostiene que no pidió permiso al Poder Judicial porque entendió que no habría problema.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que los juristas que han participado en la confección de estas plantillas en las que introducen jurisprudencia habrían cobrado entre 200 y 500 euros mensuales, unas tareas que en su mayoría realizaron fuera de su jornada laboral, con unos trabajos que implican unas 15 horas mensuales. Según las mismas fuentes, se habrían desembolsado unos 7.000 euros en dos años.
Esta mañana, los jueces decanos de la región han salido en defensa de sus compañeros a través de un comunicado emitido por el TSJM y han defendido que estos pagos responden a una actividad "creativa" y compatible con sus cargos como jueces o magistrados.
SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL
En el comunicado emitido ayer, Vieira explicaba que la Comunidad de Madrid dispone de un sistema de gestión procesal (GPRO) cuya puesta en marcha se inició en el año 2010 en Decanatos, Órganos Judiciales y Fiscalías, y que una de las ventajas de este sistema es el Compositor de Documentos, una herramienta cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.
"La Comunidad de Madrid requirió de la colaboración de jueces y magistrados, además de otro personal de la Administración de Justicia", señalaba el comunicado en este sentido, al tiempo que explicaba que para ello se constituyeron grupos de trabajo en cada orden jurisdiccional, formado por un magistrado y un secretario judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y funcionarios.
TAREAS DE COLABORACIÓN
Así, ha explicado que a estos se les encomendó tareas de colaboración en la implantación de este Sistema y "como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa INDRA, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema".
Según Vieira, la intervención de estos equipos ha sido "esencial" para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas "adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración", y ha asegurado que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.
También ha especificado que desde el comienzo de la actuación de estos Grupos de Trabajo y Comités, ha entendido que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos "estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343".
"Esta actividad es una forma de producción jurídica que redunda directamente a favor de la Administración de Justicia, por lo que entiendo que está exceptuada del régimen de incompatibilidades", ha sentenciado.
