MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de cuentas ha dejado a los exconsejeros andaluces de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán fuera de la responsabilidad contable por las irregularidades en la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones gestionadas por la Junta de Andalucía entre 2001-2009. Su investigación se centra en la actuación de los directores generales competentes.
Así se señala en el acta de liquidación provisional notificada este martes por el órgano de fiscalización contable, a la que ha tenido acceso Europa Press, derivada de una denuncia interpuesta en mayo de 2001 por el que fuera secretario regional del PP en Andalucía y actual delegado del Gobierno en dicho territorio, Antonio Sanz Cabello, en relación con la existencia de presuntas irregularidades en la aplicación de las ayudas gestionadas por el Gobierno autonómico.
El acta precisa que los responsables contables son los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y deja fuera a otros altos cargos contra los que se dirigía la denuncia del PP que son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exdelegado provincial de esta Consejería en Sevilla Antonio Rivas.
En su resolución, el Tribunal de Cuentas constata una "referencia nominal y reiterada" por parte de Sanz en su denuncia de los que fueran consejeros de Economía Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán, cuya intervención en el procedimiento se desprendería según éste de la firma de distintas órdenes y publicación de actos administrativos en los boletines oficiales de la comunidad autónoma.
RESPONSABIIDAD DE LOS DIRECTORES GENERALES
A este respecto, el tribunal precisa que lo referido la naturaleza de la responsabilidad contable de los hechos denunciados "y su ámbito subjetivo"se centra "en la actuación de los directores generales de Empleo y Seguridad Social en funciones durante el periodo examinado "y con competencia en la gestión económica de dichos fondos". Esta precisión exonera de responsabilidad contable alguna a los consejeros citados en la denuncia, según han explicado a Europa Press fuentes de la defensa.
Concretamente, el Tribunal de Cuentas señala que el "presunto alcance" de las irregularidades asciende a un total de 64,362 millones de euros, de la que 5,484 millones corresponden a intereses.
En su denuncia, el actual delegado del Gobierno en Andalucía señalaba que desde el seno de la administración autonómica andaluza se diseñó un sistema "por el que seguir subvencionando a empresas en crisis o en proceso de reetructuración, soslayando así los procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las subvenciones y los controles de fiscalización previos.
Añadía que para la financiación del sistema ideado se incorporaron a los presupuestos de la Consejería de Empleo de la Junta correspondientes a los ejercicios 2001 a 2009 "partidas presupuestarias con la denominación de transferencias de financiación de explotación al IFA-IDEA, dentro del programa 31L u otro equivalente". Dichas partidas "se ejecutaron para la concesión de subvenciones de todo tipo" según la denuncia de Sanz Cabello.
Concluía el dirigente popular señalando al Tribunal de Cuentas que IFA-IDEA ha realizado pagos y la Junta de Andalucía ha concedido subvenciones públicas "de forma contraria a los procedimientos recogidos en la Ley General de Hacienda Pública y habilitados para dichos fines de incumplimiento", por lo que solicitaba a ese órgano la adopción de medidas "encaminadas a la determinación de la existencia de posibles responsabilidades contables".
CITACIONES
La resolución se ha notificado este martes por el Tribunal a los exdirectores de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, Daniel Rivera y Juan Márquez, seis ayuntamientos y 40 empresas, que habían do citados para comparecer este martes ante la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, por dos piezas que instruye este órgano fiscalizador relacionadas con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) detectados por la Junta de Andalucía y por las que se reclama un montante cercano a los cien millones de euros.
El procedimiento que ha propiciado estas citaciones hace referencia a dos de las tres piezas que instruye este órgano a raíz de una denuncia formulada por el PP-A en 2011. La instrucción de la tercera pieza aún no está tan avanzada, pero, según han indicado las mismas fuentes, es la que tiene una reclamación más cuantiosa.
El órgano fiscalizador pide en este acto a los supuestos responsables de las irregularidades que "depositen o afiancen el importe provisional del alcance, junto el cálculo también provisional de los intereses que pudieran resultar procedentes bajo apercibimiento de embargo".
