MURCIA, 16 (EUROPA PRESS)
Así, ordena a la Audiencia a que se celebre el juicio oral contra estas personas, entre las que figuran Juan F.G. y José B., "relacionados con negocios hoteleros de la CAM en el Caribe". El resto son José C., Juan R.Q., Joaquín B. y las mujeres Vicente Ll. y María José M..
Se trata de delitos contra la Hacienda Pública referidos a la venta de la Conservera Cofrutos en 1992. En concreto, son un supuesto delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referido al periodo impositivo 1992.
Todas las partes están de acuerdo en que el plazo de prescripción de tal delito es de cinco años, y que el 'dies a quo' para su cómputo es el 20 de junio de 1993, fecha de finalización del periodo voluntario de declaración y pago de dicho impuesto.
Todo ello en relación a actividades desarrolladas por Juan Vivente Ferri, Hellen Francisc, Ferri Macredo, Juan Ruíz Quintanilla, María José Montiel, José Climent, Vicenta Llinares, José Salvador Baldo, Lucía Timmer, Joaquín Bañuls y Teresa Llopis, que superaban más de 90.000 euros.
Consideró entonces el fiscal que esos hechos podían constituir un delito contra la Hacienda Pública que estaba próximo a prescribir, por lo que acordó la remisión al Juzgado de Instrucción a los efectos oportunos.
