MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez investigará las irregularidades que presuntamente se produjeron en las obras de ampliación del puerto de El Musel (Gijón), en las que, según la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se produjeron sobrecostes en la compra de los materiales que podrían motivar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos.
En un auto fechado el pasado 8 de agosto, el magistrado admite a trámite una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar "las actuaciones de representantes y administradores" de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.
Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.
La Fiscalía justificó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, al considerar que podrían tener "una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional".
"GRAVES IRREGULARIDADES Y FRAUDE"
La denuncia se judicializó después de que la OLAF remitiera en marzo de 2014 un informe en el que denunciaba "graves irregularidades e incluso fraude" en este proyecto, así como "deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón".
La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, a los que se suman otros 49,5 que se encuentran pendientes de cobro.
El juez Gómez Bermúdez, que también ha recibido una denuncia por estos hechos del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturias (OCAN), pide en su resolución a la Autoridad Portuaria de Gijón la remisión del expediente administrativo de contratación de las obras.
También reclama a la Autoridad Portuaria que detalle quiénes eran los miembros de este organismo y del ente público Puertos del Estado en las fechas en las que se produjeron los hechos y que envíe los documentos de las relaciones que mantuvo con las empresas Hidrocantábrico y Tudela Veguín.
PETICIÓN A LAS EMPRESAS
La UTE que llevó a cabo este proyecto estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas. A estas compañías el juez les reclama los registros contables y la documentación referente a este contrato, así como los documentos que justifiquen su relación con Hidrocantábrico respecto de la cantera de Aboño y los correspondientes a las operaciones con Tudela Veguín en relación con las canteras Peña María y La Hoya-Perecil.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 también se dirige a la Intervención General del Estado para que le remita los informes y resoluciones dictadas por la Comisión Europea en relación con este proyecto y designe a unos peritos que analicen el expediente administrativo de contratación.
De igual modo, realiza un ofrecimiento de acciones a la Abogacía del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, para que pueda reclamar los perjuicios que hubiera podido sufrir en esta operación.
