MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El magistrado, que ha dispuesto su encarcelamiento por un atentado cometido en Barcelona en 1987 contra una patrulla del Instituto Armado y por el intento de asesinato del fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba en 1986, le preguntará si desea declarar sobre estos hechos, han informado fuentes jurídicas.
El atentado de 1987 fue cometido por un comando de ETA mediante la colocación de un coche-bomba al paso de un vehículo oficial de la Guardia Civil en Barcelona. En él resultó asesinado Juan Fructuoso Gómez, que se encontraba en los alrededores del lugar en el que explosionó el coche-bomba y sufrieron heridas los guardias civiles ocupantes del vehículo, así como otras personas que estaban en las proximidades.
Este comando de ETA, formado, entre otros, por Domingo Troitiño Arranz y Rafael Caride Simón, podría haber recibido las órdenes para cometer el atentado del hoy detenido, Santiago Arrospide Sarasola, según cree Interior.
La otra causa investiga el atentado fallido en 1986 contra el entonces fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba. La acción terrorista no llegó a producirse porque los integrantes del 'Comando Madrid' de ETA encargados de llevarlo a cabo, los etarras Idoia López Riaño, 'la Tigresa', y José Ignacio De Juana Chaos, "se quedaron dormidos" la mañana que se había fijado para materializar el asesinato.
REINGRESO EN PRISIÓN
De este modo, el histórico dirigente etarra vuelve a prisión 46 días después de ser puesto en libertad. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adelantó su salida al descontar el tiempo de prisión que cumplió en Francia y el miembro de ETA abandonó la cárcel el pasado 4 de diciembre, generando un gran malestar entre los colectivos de víctimas.
No obstante, el Tribunal Supremo rechazó esta doctrina de la Audiencia Nacional en el caso de otro etarra, Kepa Pikabea, por lo que 'Potros' se encontraba a la espera de que el alto tribunal resolviese también sobre su situación.
Hasta la detención de este lunes por otras dos causas, 'Potros' tenía libertad de movimientos al contar con una resolución judicial avalando su excarcelación y teniendo en cuenta que el Supremo todavía no se ha pronunciado sobre sus casos, por lo que incluso podría haber comprado un billete de avión para salir al extranjero e intentar evitar una futura extradición.
Andreu ha ordenado su detención en aplicación del Convenio Europeo de Extradición de 1957 que establece que si hubiera abandonado el territorio español en un plazo de 45 días desde su excarcelación definitiva, España no habría podido perseguirle por estos dos atentados.
El magistrado solicitó a Francia su extradición por estas dos causas, pero le fue denegada, aunque las autoridades galas aceptaron entregarle por otros procedimientos abiertos en España.
No obstante, el Convenio Europeo de Extradición de 1957 en su artículo 14.1, permite la detención y persecución del procesado por estas dos causas en los siguientes supuestos: cuando no se abandona el país al que fue entregado (en este caso España) dentro de los 45 días siguientes a su excarcelación definitiva, o si regresa al mismo en ese plazo de tiempo.
