MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La propuesta ha sido rechazada unánimemente por todos los grupos de la oposición, algunos de los cuales incluso habían presentado sus propias enmiendas para derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que regula las sanciones por delitos contra los derechos de los trabajadores en relación con la celebración de huelga.
Con el cambio aprobado este viernes, que aún deberá ser ratificado por el Pleno de la Cámara Baja y por el Senado, se reducen las penas de cárcel a quienes "mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga". Así, las penas pasan de una horquilla de seis meses a tres años y medio vigente actualmente, a un nuevo tramo de entre seis meses y dos años.
Por otro lado, las cuantías de las multas por este comportamiento se mantienen, pero se hace incompatible aplicar ambos castigos, por lo que el juez deberá elegir entre sancionar pecuniariamente o mandar a la cárcel a quien impida o dificulte el ejercicio de huelga.
PENAS AGRAVADAS
Ahora bien, bajo la justificación de "enmienda técnica", el PP también ha introducido otra modificación en el Código Penal en relación con las penas agravadas, que ya no se aplicarán cuando los impedimentos a la huelga se realicen "con fuerza, violencia o intimidación", sino únicamente cuando se demuestre que ha habido "coacciones".
En estos casos, el castigo de cárcel posible se reduce de entre los actuales tres y cuatro años y medio de prisión, a entre 21 meses y tres años de cárcel; mientras que las multas se eleva desde entre doce y 18 meses a entre 18 y 24 meses. También en este caso se deberá optar por una de las dos modalidades de castigo, o multa o prisión.
Estas mismas penas serán aplicables a los piquetes que, en grupo o individualmente, coaccionen a otros a iniciar o continuar una huelga. Sin embargo, pese a la reducción, los trabajadores o sindicalistas condenados por este motivo seguirán estando sujetos a castigos superiores que los que se aplicarán a quienes impiden el ejercicio de huelga.
LA OPOSICIÓN QUERÍA LA DEROGACIÓN
Así, el cambio aplicado por los 'populares' ha calificado de "insuficiente" por el portavoz socialista en el debate, Manuel de la Rocha, que ha defendido una enmienda de su grupo para derogar directamente la posibilidad de aplicar penas agravadas a los piquetes y ha propuesto castigar estas conductas violentas a través del tipo básico de coacciones previsto en el Código Penal en lugar de con un tipo específico.
Su propuesta, así como las que en este mismo sentido habían planteado la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Compromís-Equo, ha sido rechazada por la mayoría absoluta del PP, que sin embargo no ha sumado ni un solo apoyo a su propio texto.
De hecho, ésta no era la primera vez que los grupos parlamentarios de la oposición reclamaban la abolición de este artículo del Código Penal. Ya el pasado mes de octubre todas las formaciones salvo el PP apoyaron en el Pleno de la Cámara Baja la admisión a trámite de una proposición de ley de la Izquierda Plural en este mismo sentido.
Entonces, los 'populares' se mostraron dispuestos a debatir una "moderación de la pena" pero no a eliminar el artículo, alegando la necesidad de "castigar a quienes, en grupo, utilizan la violencia para promover una huelga" y defendiendo que "la tutela del derecho de huelga está plenamente garantizada" en cualquier caso. Hoy, el PP ni siquiera ha hecho referencia a este asunto durante el debate parlamentario.
