MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo ha respondido este lunes al presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, que los trece magistrados que pidieron el cese de las injerencias de miembros del Gobierno sobre el cómputo de penas a terroristas pueden pedir amparo si ven comprometida su independencia.
Según informaron fuentes del Consejo del Poder Judicial, Lesmes ha respondido al escrito firmado por trece magistrados de lo Penal expresando "no solo su desazón, sino también si inquietud" a que su independencia judicial pueda verse comprometida por las manifestaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, calificando de posible prevaricación la excarcelación de varios etarras.
Lesmes recuerda que la Comisión Permanente del CGPJ se pronunció el pasado 17 de noviembre sobre una petición de amparo para los magistrados de la Sección Primera de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional efectuada por varios vocales a raíz de diferentes declaraciones de responsables públicos, entre ellas las de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
DEBER DE FAVORECER LA CONFIANZA
El presidente del órgano de gobierno de los jueces alude a esa declaración pública en la que se manifestaba que, sin perjuicio de que toda decisión judicial está sometida a la crítica pública, "todos han de asumir un especial deber de favorecer la confianza en el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción que constituye la fuente de legitimidad democrática de jueces y magistrados, respetando la labor jurisdiccional".
Traspasar los límites que comporta el ejercicio de tal deber, añade Lesmes, "entraña transmitir a la ciudadanía una imagen distorsionada de lo que supone el principio democrático de separación de poderes, constitutivo de nuestro Estado de Derecho".
Trece magistrados de la Sala Segunda dirigieron el pasado jueves una carta sin precedentes a Marchena, en la que pedían que Lesmes hiciera saber al Gobierno que las manifestaciones de Fernández Díaz muestran "desconfianza en las instituciones" y no guardan debido respeto al Tribunal Supremo.
Firmaban el escrito todos los jueces de lo Penal del Supremo excepto el presidente de la Sala, Manuel Marchena y los magistrados Antonio del Moral, Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados. Tanto entre la lista de firmantes como entre los que se han abstenido aparecen nombres de magistrados de todas las sensibilidades políticas.
