MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
"Sin perjuicio de que toda decisión judicial está sometida a la crítica pública, todos han de asumir un especial deber de favorecer dicha confianza, respetando la labor jurisdiccional", señala el acuerdo de la Permanente, para añadir que "el traspasar los límites que comporta el ejercicio de tal deber entraña transmitir a la ciudadanía una imagen distorsionada de lo que supone el principio democrático de separación de poderes, constitutivo de nuestro Estado de Derecho".
El órgano de gobierno de los jueces actúa a petición de cuatro vocales del sector progresista del Consejo --Roser Bach, María Victoria Cinto, Rafael Mozo y Concepción Sáez-- que solicitaron que la institución diera respuesta a las críticas vertidas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y realizara algún gesto de amparo a los magistrados.
En un primer momento, el pasado viernes, la Permanente decidió posponer este asunto hasta que se resolvieran en el Tribunal Supremo los recursos presentados por la Fiscalía contra las excarcelaciones, con el fin de que su amparo no se interpretara como presión alguna al alto tribunal.
AMPARO SIN CITARLES
"Esas razones persisten en la actualidad, ya que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha postpuesto su decisión", señala la Permanente, que tras indicar que no procede hacer ningún pronunciamiento ha sacado adelante una nota en la que ampara la labor de los jueces sin citar expresamente el asunto ni sus nombres.
Así, recuerda que "en un Estado Democrático de Derecho, los/las jueces/juezas y magistrados/as, como titulares del Poder Judicial, asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad, constituyendo precisamente el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción su fuente de legitimidad democrática".
La petición de los vocales progresistas se realizó en coincidencia con lo expresado por la asociación Jueces para la Democracia (JpD), que rechazó las "presiones" y los ataques a la independencia judicial que, a su juicio, se han producido por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y algunos medios públicos de comunicación.
Las críticas de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría también provocaron un debate durante la celebración del último Pleno de la Sala de lo Penal de este tribunal, según fuentes jurídicas.
El magistrado José Ricardo de Prada solicitó que se abordara la posición a adoptar ante las declaraciones de la vicepresidenta, que aseguró que ni los ciudadanos ni el Gobierno "entienden" la decisión de poner en libertad a los dos reclusos de ETA tras reducir de sus condenas las cumplidas en Francia.
