BORMUJOS (SEVILLA), 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Lorenzo del Río ha realizado estas manifestaciones durante una conferencia ofrecida en la mañana de este martes en el aula de grados del CEU Cardenal Spínola, en Bormujos (Sevilla), bajo el título 'La Justicia que viene'.
El presidente del TSJA ha comenzado su intervención con una distinción entre justicia legal y justicia ética, y ha achacado a la confusión entre ambas la sobrecarga actual de la administración de justicia, "ya que hoy se lleva todo a los juzgados".
En este sentido, ha recordado que, no hace demasiado tiempo, la sociedad tenía unos valores éticos que corregían esta circunstancia, pero ha subrayado que, en cambio, hoy se quiere llevar a los juzgados asuntos que deberían circunscribirse al ámbito de las relaciones humanas y éticas.
"SOBRECARGA EN LOS JUZGADOS"
A su juicio, lo anterior tiene dos consecuencias directas, como es, por un lado, la sobrecarga en los juzgados, y, por otro lado, la "desazón y desconfianza" que se percibe en los usuarios que no ven atendidas sus reivindicaciones como ellos quisieran. Todo ello nos debería conducir, a su juicio, a un "uso correcto de los recursos del sistema judicial".
Del Río ha lamentado la "pérdida de legislaturas", con reformas legales que no se han acometido aún, y ha abogado por llevar a efecto "cambios operativos y de gestión de recursos".
También se ha referido a la estructura actual de la Administración de justicia, que ha calificado como "un monstruo de tres cabezas: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, como la andaluza, que tienen competencias en esta materia".
Ha lamentado la condición "mendicante" de los jueces en la actualidad, "ya que no tenemos apenas capacidad operativa", y ha hecho votos por la instauración de una "cultura cooperativa" entre los diversos agentes implicados en la administración de la justicia.
El ponente ha dedicado una parte de su intervención al capítulo de las nuevas tecnologías y ha ofrecido un dato revelador del colapso que llega a producirse en las instancias judiciales, como es que el 77 por ciento de las causas pendientes en Andalucía tienen que ver con "asuntos penales a veces ridículos", con lo que ello comporta en gasto.
